16 de noviembre de 2016

Camarones - Chubut

CRÓNICA DE VIAJE
Una pequeñísima localidad de no más de 1500 habitantes estables se esconde justo en la mitad de la larga línea de costa atlántica que tiene la Patagonia. Aquí no llegan los diarios ni las revistas, la programación de radio local es esporádica y sólo algunos pobladores están diariamente atentos a las AM de Trelew para enterarse del pronóstico del tiempo, que de todos modos no es muy preciso para esta partecita sobre el extremo sur de la bahía Camarones.

Aquí, el tiempo como medida del transcurso de la vida, de los hechos y de la materia que ordenamos según los dientes de leche o el número de canas, y el tiempo, también, ese que adjetivamos en función del sol, de la lluvia y del viento, se amalgaman a veces de manera caprichosa, y otras veces se divorcian apasionadamente y cada cual hace con él lo que quiere o lo que puede. En Camarones el tiempo es de transcurso lento y eso por empezar se debe a que la localidad se encuentra alejada de todo. Sí, alejada de todo pero al lado del mar; o menos del mar, como el lector prefiera.

La ciudad más cercana es Comodoro Rivadavia (240 kilómetros al sur) y luego Trelew (250 kilómetros al norte). Pero además, Camarones no forma parte de una arteria de conexión intensamente transitada, pues está corrido a 70 kilómetros de la ruta nacional 3 y para llegar a esta localidad hay que desviarse por la ruta 30 hacia el Este hasta toparse con el océano: ahí se encuentra un puñado de casas de chapas, galpones con techos de zinc a dos aguas, edificaciones antiguas con paredes de piedra y algunas pocas construcciones más modernas, fundamentalmente oficinas de organismos públicos.

El jueves 3 de noviembre, el viento ciclónico de la Patagonia había dejado a Camarones un poco más incomunicado todavía: las ráfagas provocaron un corte de energía eléctrica que afectó al resto de las comunicaciones: no había Internet, telefonía de ningún tipo y hasta cortes de agua por casi 24 horas. Sobre la costa, los contornos de la enorme bahía quedaban ocultos entre las cortinas de tierra que el viento del Oeste empujaba hacia el mar y en la playa las olas golpeaban como cachetadas y hasta levantaban cantos rodados que se iban a estrellar contra el monumento a los españoles y el portugués Simón de Alcazaba. Más que la Patagonia inhóspita, era un paisaje que inspiraría a Dante a la hora de escribir sobre el infierno.  
El viento amainó en la madrugada del viernes y amaneció un día de verano: 30 grados centígrados, una suave brisa de mar y la bahía se transformó en un balneario solitario para paseantes ocasionales. Camarones era ahora un apacible y benevolente pueblo donde alguno podría figurarse en el paraíso,  con miles de orugas que invadían el asfalto prontas a convertirse en mariposas.  

Dos formas de ver
Antes de llegar al pueblo, sobre el empalme de ruta nacional 3 y ruta provincial 30, levantamos a Omar. El hombre había viajado hasta Trelew a buscar un repuesto para su Renault Traffic, modelo 90 de color bordó. Llegó a dedo hasta el cruce donde esperó dos horas sin más reparo contra el viento patagónico que el cartel que indicaba los 70 kilómetros a Camarones. Omar nació en Esquel, una ciudad cordillerana pero también vivió en muchos otros lugares: Trelew y Córdoba de las que no tiene las mejores opiniones, y en la provincia de Catamarca. “Camarones es definitivo, me quedo para siempre”, nos contaba luego de conversar sobre su enamoramiento con este lugar. La cosa fue así: hace cuatro años lo invitaron a pasar un fin de semana, pescar y desde ahí no tuvo retorno: unos días más tarde se vino junto a su esposa y dos hijos a trabajar de tapicero. Para Omar, las ventajas de Camarones son absolutas: “Es tranquilo, no pasa nada. Dejás todo abierto y nadie te roba”, y por si fuera un argumento menor, agrega más sobre su encantamiento: “Querés comer pescado, agarrás la caña y te vas a la costa. Al rato podés estar comiendo milanesas de gallo o róbalo”.

En “El viejo hotel”, un hospedaje antiguo frente a la bahía, nos encontramos con Mario, un marplatense que tras quedarse sin trabajo en Comodoro Rivadavia vino a encargarse del hospedaje en la estiba pesquera, cuando en el pequeño puerto amarran más de sesenta barcos de la flota amarilla y entonces el lugar se puebla de marineros que esperan salir a navegar.
Según Omar, el pueblo revive de junio a octubre, cuando en la estiba “los changos llegan a ganar hasta 130 mil pesos la quincena”, y luego invierten en construcción, se compran autos y camionetas cero kilómetros y dejan “el coche viejo tirado en los patios”. “Los changos invierten bien la plata. Qué con esa plata…”, analiza Omar sin terminar la frase.

Al margen de los cuatro meses de pesca y del trabajo estacional que representa para los locales, el pueblo vive fundamentalmente de la ganadería ovina de las preciadas estancias de los alrededores. Algunas de las mejores tierras están en manos de extranjeros; pero el anhelo de los camaronenses es ir al campo o hacer una rápida fortuna en la pesca. “La cantidad de animales es impresionante. Imaginate que hace 25 días que están de señalada y todavía no terminan”, nos contaba remarcando las eses Omar, antes de llegar al pueblo mientras miraba uno de los campos que con sus casas y galpones resalta en el paisaje de la estepa.

Eso de quedarse para siempre en Camarones no es para cualquiera. El conserje del hotel es un trabajador de la gastronomía, que había llegado a Comodoro Rivadavia con el fin de hacer una diferencia económica y vivir bien en una ciudad que era como Mar del Plata pero un poco más chica. “Camarones es lindo, y lo mejor es que no está contaminado" nos confiesa, pero contempla que hace casi un día que no hay luz, teléfono ni agua y se refiere al tiempo como una armonía monótona, donde es a la vez una medida física pero también un adjetivo: “Aunque es bastante aburridón; a veces no pasa nada, no anda nadie y no hay nada para hacer”.
En cambio, Omar, un hijo adoptivo de este pueblo marino escondido del resto del mundo, Camarones es parte de su fortuna. Actualmente vive en una casa prestada pero espera la suerte de acceder a una vivienda en un barrio que está por construirse. Dos días después de conocerlo, mientras arreglaba la Traffic en su patio, bajo una incipiente y refrescante llovizna, le dije que sabía darse maña con todo. Me respondió con una metáfora, juntando también el tiempo cronológico con el clima ventoso que acostumbran a experimentar: “Para vivir acá hay que saber de todo, así el tiempo pasa volando”, luego hizo una pausa, me miró a los ojos y descubrió una vieja inquietud mía: “Vos me parece que tenés ganas de quedarte”. 
Fotografías de Sujeto Tácito

22 de julio de 2016

Sequía en Chubut - Musters y Colhue Huapi

La agonía de los lagos 
Los habitantes de la región se preguntan: ¿Se puede secar el Musters?
El departamento Sarmiento aporta agua potable a más de 300 mil habitantes. Pero el derroche de la producción agraria y las empresas petroleras sumado a veinte años de sequía pusieron a la cuenca del Senguer en riesgo. El lago Colhue Huapi casi extinto y el otro en camino. Sin embargo el gobierno provincial continua con las obras para repotenciar el acueducto y aumentar la extracción de agua; pero carece de control sobre Pan American Energy, la principal operadora hidrocarburífera.  
Cada invierno el lago retrocede y deja parte del lecho al descubierto
Tome un mapa de Argentina, ubíquese en la Patagonia y preste atención al centro geográfico de la región. Si siguió bien las instrucciones encontrará dos notables espejos de agua que son parte de los diez lagos de mayor superficie del país. Hacia el Oeste está el lago Musters, de importancia social, económica y cultural en la zona sur de la provincia del Chubut; y hacia el Este el lago Colhue Huapi, que en la actualidad presenta un drama ecológico severo de extinción, formación de médanos y voladura de sedimentos por los fuertes vientos que agravan el proceso de desertificación y afecta la salud de las poblaciones ubicadas en la costa atlántica. 
El mapa y la realidad: en la foto satelital el Colhue Huapi evidencia la sequía
Hace un mes, el departamento de Sarmiento fue noticia nacional por encontrarse los restos de un avión en lo que hasta hace algunos años fue un lago. Por un lado la sorpresa de encontrar el aparato que había conformado una gran historia, llena de hipótesis, fantasías y mitos en Sarmiento, ciudad aledaña a ambos lagos. Por el otro, expuso a nivel nacional la realidad del Colhue Huapi y los grupos mediáticos que asistieron al lugar se abocaron a la tarea de encontrar una explicación rápida, simple y verosímil de lo que está pasando. Pero la realidad no parece ser tan simple ni monocausal.

Un río, dos lagos, cuatro ciudades y un acueducto
Hasta la primavera, los brazos del Senguer permanecen secos
La cuenca del Senguer incluye además el río homónimo, que nace en la cordillera y recorre en Chubut un trayecto de 350 kilómetros en declive hacia el Este. Antes de que el río aporte agua a los dos lagos, abastece de agua potable a las localidades de Senguer y Facundo, y además es utilizado por desvíos artificiales en un  sistema de canales para regar el área agrícola del departamento Sarmiento por un total de 42 mil hectáreas. Cuando el río desemboca en el primero de los lagos (el Musters) el manejo del agua se hace más complejo: un doble acueducto de más de 50 años (en actual obra de repotenciación) extrae 213 mil metros cúbicos de agua al día para alimentar a cuatro localidades, pero además para abastecer a los yacimientos petroleros del departamento Sarmiento y Escalante. 
Ahora, además del drama de actual desaparición del lago Colhue Huapi, se plantea la inquietud de si es posible que ocurra lo mismo con el lago Musters. “¿Se puede secar el lago Musters?”, se empezaron a preguntar los habitantes de la cuenca.
Lo primero que hay que informar es que a pesar de su cercanía espacial, el Musters y el Colhue Huapi son dos espejos de agua de naturaleza muy diferentes. El Colhue Huapi posee una extensión lacustre (llegó a tener más de 800 kilómetros cuadrados siendo el tercero de mayor magnitud en el país) pero su profundidad se parece más a una laguna (no supera en promedio el metro de profundidad) y el lecho es gredoso lo que hace que el espejo de agua se vea del color del sedimento suspendido. En cambio el lago Musters es una cuenca que llega a tener una profundidad de cerca de 40 metros, el agua es cristalina y además de aportar agua potable es un lago valioso por las actividades recreativas, la pesca artesanal y el entorno paisajístico que lo rodea.

Lo normal, lo preocupante y lo grave

Área rural de Sarmiento
Lo normal es que en invierno el lago Musters baje su nivel de agua en función de las pocas precipitaciones pero sobre todo porque en la cordillera recién se están esperando las grandes nevadas que van a estar congeladas hasta el calor de la primavera. Año tras año lo normal es que en invierno baje el nivel de los lagos y en primavera recuperen su cota normal o incluso la supere (todo dependiendo de la cantidad de nieve que se precipite en la zona de Sarmiento pero fundamentalmente en la cordillera).
Lo preocupante es la cantidad de años en el que el diagnóstico no es otro que de una sequía severa que ha redundado en un avance de la desertificación, principalmente en la zona aledaña al Colhue Huapi. Se estima que en 20 años este lago perdió la mitad de su extensión, y el viento del Oeste ha llevado la arena del otrora lecho lacustre hasta la ciudad de Comodoro.
Y por fin, lo grave está en los mensajes que bajan desde el Estado provincial, los poderes públicos y organismos de control y empresas que manejan el recurso. A las campañas de racionalidad del agua se le suman las manifestaciones a favor de medir el consumo por hogares, colocando medidores e incluyendo una cuota diferenciada según el gasto. Esta medida no sería en principio ni proporcional y muchísimo menos humanitaria: mientras se analiza controlar si los habitantes de las cuatro ciudades se toman una ducha en cinco minutos o en veinte minutos, las empresas petroleras siguen inyectando agua potable en pozos agotados para sacar hasta el último centímetro cúbico de crudo, con deficientes controles o con total connivencia de la cooperativa prestadora del servicio de acueducto y del Estado provincial.
La coartada publicada por la empresa petrolera –siempre en gacetillas de prensa pero bajo ninguna prueba ni veedor externo—es que no utiliza agua dulce para la técnica de recuperación secundaria y que solo capta el 0,65 por ciento de la capacidad de extracción del acueducto. Sin embargo, el contrato firmado se plaga de grises legales y los números que ofrece la empresa no cierran, resultan poco creíbles.

Un acuerdo espurio
Fragmentos del pacto de confidencialidad entre Pan American Energy y SCPL
En la actualidad, Pan American Energy, principal operadora de petróleo de la región, goza de un contrato con acuerdos de confidencialidad en el uso del agua potable. Firmado en el 2014 y vigente hasta este año, se estipularon al menos tres puntos suspicaces.
Primero, la cooperativa se compromete a aportar a la explotación petrolera de Pan American un mínimo de 650 metros cúbicos y máximo de 2 mil metros cúbicos diarios de agua potable. Sin embargo, se reservan el derecho de “reprogramar” la cifra en función de las necesidades eventuales según “común acuerdo” y permiso de la “Autoridad competente”. Esa autoridad competente no sería otra que el Instituto Provincial del Agua (IPA) del gobierno de Chubut, que como más abajo veremos carece de acceso al manejo del agua y del acueducto que hacen la cooperativa y la poderosísima Pan American Energy.
El segundo punto controversial es que la cooperativa se compromete a no interrumpir el servicio de agua potable a los yacimientos bajo ningún motivo, lo cual ya pondera la extracción de crudo por encima del derecho de las personas que habitan la zona sur de Chubut y norte de Santa Cruz: los cortes de agua en las cuatro localidades son recurrentes.
El tercer motivo y quizás de mayor intranquilidad social es el artículo de confidencialidad que acordaron ambas empresas. El artículo 11 del contrato dice: “La COOPERATIVA, su personal y en su caso los Subcontratistas autorizados por la EMPRESA y el personal de éstos, manejarán con absoluta y estricta confidencialidad toda información vinculada directa o indirectamente a la EMPRESA y/o sus operaciones a la que tengan acceso con motivo o por ocasión de la prestación del Servicio, y no podrán revelar nada de lo contenido en dicha información confidencial a persona alguna, sin el consentimiento expreso y por escrito de EMPRESA”.
El lago Musters aporta agua potable a 300 mil habitantes de Chubut y Santa Cruz
Seguidamente, las partes del contrato justifican tal prerrogativa por lo sensible que es el manejo del recurso hídrico dentro de una economía extractiva y dolosa como es la petrolera: “Las Partes reconocen que la Información Confidencial es esencial para sus negocios y que podrían sufrir un daño irreparable en caso de divulgación de la Información Confidencial en contravención a lo establecido en la presente”, reza el escandaloso contrato firmado por Pan American y la cooperativa SCPL.    
Por tratarse de un recurso natural elemental para la reproducción de la vida en las poblaciones del centro de la Patagonia, tal acuerdo sería no sólo una afrenta social y política al Estado provincial, sino también un privilegio ilegal, un ítem de nulidad absoluta en el contrato. No obstante, el Estado no sólo parece tener las manos atadas en el control del uso del agua por parte de las operadoras, sino tampoco la capacidad técnica y fundamentalmente la voluntad de oponerse a las poderosas compañías petroleras. En el año 2015, el entonces titular del IPA quiso saber cuántos metros cúbicos y para qué los utiliza la petrolera Pan American, delatando que hasta ese momento carecían de información y también carecían de tal inquietud.

50 años de acueducto
La obra de repotenciación del acueducto estará finalizada antes del 2017
Desde el año 1965 que el lago Musters está conectado con las ciudades de Sarmiento y Comodoro Rivadavia para proveerles de agua potable. Al mismo tiempo se conecta el yacimiento petrolero Cerro Dragón, que en la actualidad es el principal productor de hidrocarburos convencionales del país. Este primer acueducto tiene capacidad de captación de 55.200 metros cúbicos por día, lo cual con el aumento de las poblaciones del sur de Chubut, la necesidad de proveer de agua potable a la localidad santacruceña de Caleta Olivia y la expansión de la explotación petrolera se hizo insuficiente.
Así, en el año 1999 se terminó el segundo acueducto con una capacidad de captación adicional de 110 mil metros cúbicos por día.
Sin embargo, nuevamente se hizo poco. En la actualidad se está construyendo una obra por 340 millones de pesos que la han denominado como “repotenciación” del acueducto con el fin de incrementar en 48 mil metros cúbicos diarios más la captación de las aguas del lago Musters. En total para fin de año se planificó extraer 213 mil metros cúbicos de agua al día que se suma a lo que previamente se desvía del río Senguer para el riego en áreas rurales.  
Mientras tanto, cada vez que baja el nivel de reservas de agua potable, Comodoro Rivadavia, la segunda ciudad más habitada de la Patagonia, junto a Rada Tilly y Caleta Olivia tienen que soportar cortes programados y a veces repentinos del servicio. Desde el 2014 hasta este año, los cortes en las ciudades se incrementaron en un 600 por ciento. Desde el gobierno provincial aseguran que la nueva obra del acueducto será la solución pero la problemática de los lagos, verdadera cuestión de fondo, por ahora no tiene respuesta.



Versión del diario Tiempo argentino
Para ver el reportaje fotográfico completo hacé click acá.

18 de noviembre de 2015

Violencia policial en Chubut

LA COBERTURA DEL JORNADA Y EL CHUBUT ANTE LA MOVILIZACIÓN DE LOS POLICÍAS CONDENADOS

El periodismo y sus encrucijadas
Jornada se convirtió en vocero del "malestar" policial
La violencia policial es uno de los temas más urgentes de la democracia, y por cierto desde 1983 hasta la fecha ningún gobierno ha avanzado sobre este lastre de plomo que tiene raíces en una sanguinaria tradición: represión a los sectores obreros-sindicales y a los jóvenes y estudiantes en todo el siglo XX pero fundamentalmente en la última dictadura. El gatillo fácil y las variantes de violencia de las fuerzas policial 
es es hoy un tema tabú para la clase política pero también para los medios de comunicación que algunos llaman “hegemónicos” y otros “del sistema”. Para tratar de romper el consenso tácito sobre esa idea del “Algo habrán hecho” con el cual se justificaban los peores tormentos o desapariciones y que aún está vigente, El extremo Sur entrevistó a María del Carmen Verdú, abogada de la Comisión contra la Represión policial (CORREPI), Fabián García miembro de la Comisión contra la Impunidad en Trelew y a la docente de Comunicación Social de la Universidad de la Patagonia, Ana Mariel Weinstock, para tratar de ayudar a pensar el rol y las prácticas del periodismo frente a este accionar criminal de la policía que tiene como principal víctima a pibes de los sectores urbanos periféricos.

La campaña duró varias semanas e incluyó desde la cobertura de manifestaciones, anticipos y hasta largas entrevistas a página entera o doble página
Luego de las condenas a los agentes que mataron a Julián Antillanca en el año 2010, familiares y amigos de los condenados (incluso condenados con prisión en suspenso como el ex comisario Carlos Sandoval) se movilizaron por Trelew y Madryn exigiendo revertir el fallo del tribunal y por otro lado enviar un mensaje a la Justicia y a las instituciones: Chubut registra una decena de casos de violencia policial, muertes sospechosas y tormentos en comisarías que aún esperan ser juzgados; por eso mismo miembros y allegados a lo que denominan la “familia policial” desean condicionar la continuidad de los juicios.
En ese marco, los dos principales diarios del noreste de Chubut dieron una generosa cobertura y replicaron frases como “enojo en la policía”, lo que sin hacer muchas cuentas tiene un claro mensaje mafioso para que lean jueces y responsables políticos encargados de juzgar y dirigir las fuerzas de seguridad. A nadie se le escapa lo que significa el “enojo” de un sector como la policía siendo que tiene el monopolio de la fuerza del Estado. Además, ningún otro tipo de condenado por un tribunal ordinario goza del beneplácito mediático como tuvieron en este caso los cuatro policías que mataron a Julián Antillanca. En ese sentido, tanto Jornada como El Chubut presentaron los hechos con un matiz indulgente que por lo menos condiciona la construcción de una Justicia igualitaria y deja cautiva a las instituciones democráticas ante el poder de represión que tienen las fuerzas policiales.

El tratamiento de El Chubut fue más que indulgente con los condenados
La “objetividad”: lo ideal, lo real y lo posible

En síntesis, además de una marcha en Trelew acompañado de pintadas y pasacalles en las tres principales ciudades del noreste chubutense, la movida de sectores afines a la policía incluyó el acompañamiento de los diarios El Chubut y Jornada: no sólo en anticipar la convocatoria y cubrir las manifestaciones con una ubicación, fotografías y espacio de privilegio en las ediciones impresas, sino incluso replicando en redes sociales e incluyendo una extensa entrevista a Carlos Sandoval, quien era el jefe de la comisaría cuando mataron a Julián Antillanca y sobre quien pesa una condena en suspenso por encubrir el crimen.
El Chubut omite en el epígrafe que en la marcha había un policía con condena en suspenso por la muerte de Julián Antillanca (Carlos Sandoval, en el círculo rojo).
La primera pregunta que surge es si la pretensión de objetividad que tiene el periodismo es una justificación para equilibrar a la víctima junto a sus verdugos, sin contextualizar y sin repudiar la violencia cometida por un funcionario del Estado. En ese sentido, para María del Carmen Verdú, abogada que representa a CORREPI en numerosos juicios de gatillo fácil, la enorme visibilidad que obtienen las fuerzas policiales organizadas y movilizadas no es casual, sino que obedece a la política editorial de los medios “del sistema”: “Chubut no es una isla: en muchísimas ocasiones se han organizado ese tipo de marchas de apoyo a represores, y siempre tienen una cobertura envidiable”, y agregó como ejemplo un contrapunto: “No creo que para los jefes de redacción sea un problema moral o ético darles visibilidad o no, como así tampoco lo es cuando deciden silenciar las luchas”.
Por su lado, la docente Ana María Weinstock liga el concepto del ideal de libertad de expresión con la “teoría de los dos demonios”. “Esto es un coletazo de una idea colectiva, sedimentada que consiste en equiparar subversión con Estado represivo y que hoy de otra manera continúa. Entonces ahora también hay dos extremos equiparables y eso siempre depende de cómo marques la cancha porque en base a esa teoría te sirve para justificar la represión cuando en realidad no son equiparables, de ninguna manera”, analiza Weinstock sobre la división entre policía represora y las victimas como Julián Antillanca.
Además, Fabián García, miembro de la Comisión contra la impunidad de Trelew cree necesario marcar la diferencia entre lo ideal y lo que realmente pasa día a día en una redacción como así también diferencias al periodista redactor y a los responsables editoriales de los medios de comunicación. Según García, los redactores están condicionados no sólo por su carga laboral (en los medios de comunicación de Chubut las reducidas plantillas de periodistas no permite que un redactor pueda especializarse en un tema, investigar a fondo ni hacer la continuidad de un acontecimiento), además de las relaciones institucionales que los mismos periodistas y sobre todo los editores tienen con responsables policiales: “El periodista previamente le debe favores a la policía, desde un off the record hasta una llamada oportuna avisándole que se va hacer una detención importante. Digamos, hay un montón de elementos que atetan contra el periodista al momento de ejercer su profesión. Está sesgado por la relación previa que tiene y que necesita para poder continuar la semana que viene con otra noticia”. Incluso García sostiene que no hay que perder de vista que es práctica común que jefes policiales visiten a editores en la redacción, lo cual la relación en términos periodísticos se vuelve más turbia.    
Jornada y El Chubut sostuvieron la campaña de los policías organizados

De todos modos, para Weinstock es necesario replantear que el ideal de objetividad y de incluir todas las voces tiene que ser limitado en función de los valores positivos que aporten socialmente. “Esta concepción de objetividad está basada en que todos los individuos que formamos parte de la sociedad tenemos los mismos derechos incluso el de aparecer en un diario. Tomado así en abstracto puede sonar lógico pero la realidad social funciona de manera diferente: porque no tendrías ese derecho si mataste, torturaste, es decir no tendrías que tener el mismo derecho de aparecer en el espacio público”, explicó la docente y respecto a los medios analiza que es esperable que decidan “no tratarlo a un criminal como un igual, como cualquier otro ciudadano”.
Desde CORREPI la visión que tienen es que el Estado y los medios de comunicación son parte de un sistema donde la represión es útil para mantener el orden vigente; por eso Verdú recalca la idea de que lo que hacen los medios no obedece a condicionamientos ni a una impericia, sino que son parte de ese “discurso oficial”. “Los medios de comunicación del sistema (hegemónicos o no) son la caja de resonancia del discurso oficial, reproducen y amplían la línea que baja de los que mandan”, y eso se manifiesta no sólo en los temas que imponen como opinión pública” lo que en realidad es “opinión publicada”, sino en la construcción de sentido: “Cuando un diario habla de un chico de un barrio pobre, del hijo de un trabajador que es víctima de un fusilamiento, sistemáticamente lo llama “el menor”. “Menor” es equivalente a “persona de menos de 18 años en conflicto real o presunto con la ley”. En cambio, si el pibe en cuestión es el hijo de “alguien” (un empresario, un político, un profesional), lo van a llamar “el chico””, explicó la abogada.   

Las notas fueron a veces a doble página o incluso con dos fotografías a color
La lupa sobre las prácticas periodísticas

Los medios de comunicación alternativos ganan cada vez más lectores pero la hegemonía de los grandes grupos empresarios que tienen sus usinas mediáticas siguen ganando la batalla por imponer los temas de agenda pública, lo que Verdú explicaba más arriba como la diferencia ente “opinión pública” y “opinión publicada”, y que se relaciona con la teoría de la Agenda setting: los medios de comunicación no tienen poder de decirnos cómo pensar, pero sí en qué temas pensar. Sin embargo, lo que sí logran imponer los medios alternativos es levantar el piso de la calidad periodística, obligan a los medios tradicionales a multiplicar las voces y replicar verdades que los periodistas autogestionados hacen público.
En ese escenario, se propuso pensar a los entrevistados cómo el periodista puede empezar a sortear obstáculos que atentan contra la profesión. Para la representante de CORREPI, los medios alternativos son el ejemplo a seguir sobre qué hacer ante los casos de violencia institucional: “Simplemente decir la verdad, como lo hacen a diario los medios alternativos de comunicación, y como lo intentan infinidad de trabajadores de prensa que se esfuerzan por influir sobre los contenidos y a veces logran filtrar alguna información”, puntualizó Verdú.
En cuanto a prácticas concretas, Weinstock sostiene que una de las ideas a vencer es la “ideología dominante”, donde los periodistas ante un hecho de violencia recurren casi con exclusividad a las fuentes policiales y muy pocas veces a los familiares. En ese sentido, Fabián García, de la Comisión contra la impunidad, explicó que  cuando un periodista tiene contacto con un familiar de la víctima se da “casi siempre cuando el familiar va a la redacción a pedir una nota; cuando va para quejarse del accionar policial, recién ahí aparece la voz de ellos”. Sobre este punto, Weinstock propone que lo que hay que vencer son los prejuicios que arrastramos porque nos lleva a pensar que “la culpa fue del villero y pobre, no hay discusión a esa culpa a priori porque es lo más “normal”, nos hacen creer eso”.
Similar es el planteo que hace María del Carmen Verdú, aunque desestima que la preferencia de la fuente policial sea por una simple comodidad o prejuicio inconsciente: “Es mucho más fácil, para el periodista acceder a la familia o a la organización que lucha contra la violencia policial. Sin embargo, como venimos diciendo, la fuente policial es la que se impone, lo que no es simplemente una práctica que se arrastre por inercia, sino una posición política de los medios”.

La apelación a la convocatoria como "nutrida" o "Gran concurrencia" iba a beneplácito del propósito político de los organizadores
La difusión de los condenados

La difusión de los medios de la zona sobre los reclamos de policías condenados por la muerte de Julián Antillanca (y en el contexto de otros casos como el de Mauro Castaño que murió por las quemaduras tras un incendio provocado en su calabozo de Trelew luego de ser detenido por una contravención, o el de Iván Torres que desapareció en el año 2003 luego de ser detenido en Comodoro Rivadavia) no es un privilegio discutible solo por la calidad del espacio que se les asigna (en primera plana, páginas principales o a doble página color y con varias fotografías), sino también por un lenguaje que roza la indulgencia a quienes son encontrados por parte de un tribunal de Justicia ordinario responsables de un crimen cometidos como funcionarios del Estado.
“Si en ese caso vos no estás dando el dato de que es alguien que mató, torturó o que tiene una sentencia firme donde se demostró eso, como periodista estás faltando a la objetividad, estás omitiendo un dato de importancia que cambia la significación de la escena”, explicó Weinstock. Para María del Carmen Verdú, la cuestión de fondo es comprender que los medios de comunicación “del sistema” tienen una política afín a ser condescendientes en este caso con los miembros de la fuerza pública aun sean criminales: “En definitiva, son la correa de transmisión de un mensaje que comparten”.     

22 de octubre de 2015

Espionaje en Chubut

SOSPECHAS DE CONNIVENCIA ENTRE EL PODER JUDICIAL, LAS MULTINACIONALES Y AGENTES DE INTELIGENCIA
Las luchas populares y vecinos bajo la mira de los servicios secretos
Nota en El Extremo Sur, septiembre de 2015, edición N° 154

El espionaje a ciudadanos de Esquel no generó sorpresa; pero si diseminó el miedo entre los vecinos de la ciudad y otros pueblos de la cordillera chubutense. La mezcla de espionaje ilegal por parte de servicios de inteligencia del Estado sumado a funcionarios judiciales que buscan acusar en el marco de la Ley antiterrorista el reclamo de las comunidades mapuches sobre las tierras de propiedad jurídica de la familia Benetton forman un cocktail que tiene reminiscencias de los peores años de la historia reciente del país. Entre todas las preguntas que surgen ahora hay dos que predominan en la escena: fundamentalmente se quiere saber quién ordenó el espionaje a civiles o en todo caso saber si los organismos de inteligencia –aún a pesar de los cambios del último año con la desintegración de la nefasta SIDE—se manejan en una órbita de autonomía donde el poder político no alcanza a pedir explicaciones; y segundo determinar qué tipo de relación o connivencia tienen funcionarios judiciales con los servicios secretos.
La lista de 22 personas espiadas no conforma un documento trascendental en términos de “inteligencia” y no serviría para hacer ninguna novela del género: datos anecdóticos con referencias cargadas de prejuicios xenófobos o descripciones de roles en asambleas populares que cualquier persona que participe en una reunión podría advertir forman el “fichaje”. Sin embargo la cuestión está en la violación concreta a las garantías constitucionales y la falta de apego de las estructuras del Estado a los procedimientos legales: tanto la estructura de inteligencia como parte del Poder Judicial están en la mira. Entre los espiados figuran periodistas, docentes, médicos, comerciantes, empleados públicos y miembros de una FM local, pero el único factor común que une a todos ellos es la participación activa en las asambleas y luchas populares que se dan en la zona norte de la cordillera chubutense.
En ese escenario, los asambleístas del No a la mina y las personas que han participado en distinto grado en la toma de una parte de los campos de Benetton por parte de comunidades mapuches se mueven con suspicacias ante las consultas de medios de comunicación de todo el país. Uno de los vecinos espiados, Humberto Kadomoto, quien ha participado en la asamblea antiminera desde los inicios, aseguró a este medio que en Esquel aun no tienen muchos detalles sobre los motivos del espionaje y que los vecinos evitan hacer presunciones, pero sí confirmó que las sospechas de que son espiados viene al menos desde el año 2002 (es decir, cuando la lucha antiminera estaba comenzando e incluso desde antes de la consulta popular que rechazó por casi el 83 por ciento la instalación de un emprendimiento minero en Esquel).
Respecto a la connivencia entre el Ministerio Público Fiscal y las empresas multinacionales que tienen interés en la región, Kadomoto es concreto al marcar las diferencias que los fiscales hacen cuando llega a mesa de entrada una denuncia realizada por los vecinos autoconvocados o lo hace una empresa como puede ser una minera o la propia firma Benetton: “La fiscalía siempre archivó las denuncias de los vecinos” y luego opinó que a fin de cuentas “el poder económico maneja todos los estratos del gobierno y de la justicia”.    

LAS FICHAS SALEN A LA LUZ

Las fichas realizadas por un agente del servicio de inteligencia donde especificaba nombres, profesiones, fotografía y función dentro de las asambleas populares estuvieron en poder de la fiscalía de Esquel desde el día 28 de mayo; pero recién se supo de ellas, y de forma casi accidental, a fines de agosto, cuando el defensor público Fernando Radziwilowski dio con el archivo digitalizado en una de las máquinas de la oficina judicial.
La coartada de los fiscales Rivarola y Révori, a cargo de la investigación por la causa Mapuche/Benetton fue por un lado reconocer la existencia del archivo y pedir que se libere de la protección de identidad al espía, y por otro lado asegurar que la información fue aportada “espontáneamente”. Sin embargo, El extremo Sur confirmó con fuentes judiciales que nadie que aporte algún tipo de documento a la fiscalía para ser utilizada en una causa judicial puede ser exceptuado de ser identificado y dejar constancia de qué tipo de documentación acerca, forma parte del procedimiento normal. En ese caso, las únicas vías de interpretación ante la falta son dos: o estamos ante una mecánica de ineptitud de los funcionarios judiciales o hay connivencia entre los fiscales, servicios de inteligencia y las multinacionales interesadas.
La demás legislación sobre protección de agentes del servicio secreto del Estado debe ser relevado por orden judicial, aun así la Constitución Nacional prohíbe expresamente ser víctima de espionaje u hostigado por su forma de pensar o actividades que no prohíbe la ley, como la participación política. Pero en el entramado que significa el Estado nacional y provinciales, que además de la secretaría de inteligencia que tiene su acerbo ideológico en los años 60-70, están las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y sumadas a las fuerzas armadas, el espionaje interno que está prohibido se delata como una práctica discrecional que pocas veces sale a la luz.

LA PELEA DE FONDO

En abril de este año un grupo de personas de comunidades mapuches ingresaron a tierras bajo alambrado en la zona de Leleque y que tienen como propietario legal a la firma que pertenece a la familia Benetton (el conocido magnate italiano que posee en toda la Patagonia más un millón de hectáreas en la cordillera y precordillera). La comunidad mapuche se ampara en leyes nacionales e internacionales que protegen su derecho a recuperar las tierras ancestrales. Por su parte, la firma textil italiana inició una causa judicial que mantiene en litigio por un lado por el tema de la toma de las tierras en particular y segundo se tiene que definir la cuestión de fondo: si pesa más el interés privado de una multinacional y una familia latifundista, o la razón de los pueblos originarios y su interés de vivir en tierras con un sistema de economía comunal.
El lof en Resistencia de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo que se adjudica la recuperación de tierras aseguro que actuaron bajo el imperio de la falta de respuestas a sus pedidos y la existencia de tierras que en manos de empresas extranjeras permanecen improductivas.
Desde que las comunidades mapuches iniciaron su proceso de recuperación la situación siempre estuvo cargada de conflictos: a actos policiales intimidatorios en cortes de ruta llevados a cabo simultáneamente a la toma de tierras se le sumó las tareas persecutorias a vecinos que se solidarizaban. Es en el marco de ese tejido de solidaridad que se inscribe las tareas de espionaje ilegal que se conocieron en las últimas semanas.

LEY ANTITERRORISTA Y CAMBIOS EN INTELIGENCIA

La persecución ilegal a los vecinos de Esquel se inscribe en un contexto más amplio: por un lado la Ley Antiterrorista que la fiscalía de la ciudad cordillerana busca aplicar en el caso del litigio Mapuches contra Benetton; y por otro lado el escenario de disputa que se da en los órganos de inteligencia del Estado nacional y que por propia naturaleza pocas cosas salen a la luz y son de dominio público.
La Ley Antiterrorista es una reforma del Código Penal que se sancionó en el año 2007 y fue duramente criticado por sectores progresistas y de izquierda. En ese momento se acusó al gobierno de Cristina Fernández de llevar adelante una medida antipopular y que sólo tenía como fin agradar a los organismos internacionales.
Si bien la excusa es que su espíritu está para controlar las especulaciones financieras, los términos vagos de la ley permite que cualquier tipo de lucha popular pueda ser circunscripta bajo esta figura. Lo que estipula estos artículos es cambiar el fuero federal por delitos penales comunes en caso  de que “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” y duplicar automáticamente las penas.  
Luego, la actuación del agente de inteligencia no puede deslindarse de la desintegración que se dio este año con la SIDE y preguntarse hasta dónde el gobierno nacional puede modificar la naturaleza de una agencia que nació para combatir lo que los gobiernos autoritarios llamaron “enemigo interno”. En enero de este año se disolvió la enigmática agencia donde agentes relacionados con la triple A y la última dictadura manejaban el organismo a discreción de los gobiernos democráticos.
Hoy, la nueva secretaría a cargo de Oscar Parrilli, hombre de confianza de la presidenta, tiene a cargo a quien efectuó el espionaje contra los vecinos de Esquel, que aunque no fue revelada su identidad desde el mismo juzgado reconocen que pertenece al organismo. Por otro lado, los asambleístas de la cordillera aseguran tener filmado al agente, lo que de alguna manera sería un material insustituible no sólo para terminar con estas prácticas intimidatorias sino también para develar cómo funcionan estos agentes que tienen por fin intimidar a los ciudadanos y de alguna manera condicionar la vida democrática.   

26 de agosto de 2015

43 aniversario de la Masacre de Trelew

Hilda Toschi: “Trelew es sinónimo de solidaridad”
“Trelew no nos pertenece más, el pueblo entero se apropió del significado de la masacre”, aseguró Hilda Toschi en el 43 aniversario de los fusilamientos de los 16 presos políticos en la base aeronaval Almirante Zar. Luego de más de cuatro décadas y de importantes avances en cuanto a la batalla por la justicia y la valoración simbólica de los hechos, todos los años la provincia del Chubut recibe a los familiares de las víctimas y el reconocimiento es unánime: “Los vecinos de acá son como mi familia, son amigos”, sostuvo sobre la relación entablada con los pobladores Raquel Camps, hija de Alfredo Camps, uno de los tres sobrevivientes de la noche en que los militares de la Armada llevaron a cabo la matanza.
El reconocimiento a las ciudades Trelew y Rawson no es casual: desde el momento que la Unidad Penal Federal número 6 de la capital provincial recibió presos políticos de la dictadura encabezada por Alejandro Lanusse se organizaron comisiones de solidaridad para recibir a los familiares que venían de visita, abogados de la zona representaron a algunos de los presos políticos y las ciudades se movilizaron para condenar los fusilamientos y la política de amedrentamiento.      
Sobre el acompañamiento que año tras año reciben, en una entrevista para El Extremo Sur, Hilda Toschi agregó: “Somos parte de esta tierra. Y la sangre derramada por los compañeros ha logrado que cada vez más florezca en cariño, compromiso, solidaridad. Nosotros llegamos a Trelew y toda la ciudad se convierte en nuestra casa”. En el mismo sentido se expresó Sara Kohon, hermana de Alfredo Kohon, quien relató las sensaciones que tiene cada vez que va a la base y luego se reencuentra con las organizaciones militantes en el viejo aeropuerto de la ciudad: “Habíamos ido antes a la base, ya es la cuarta o quinta vez que voy y me pasa siempre lo mismo: me genera mucha tristeza, me bajonea. Pero al ratito escuché los bombos, vi a los chicos venir con esa alegría, con ese amor y me sentí contagiada porque siento que tenemos futuro”.  
De todos modos, para Hilda Toschi lo que ocurre hoy es el mismo espíritu que tuvo la ciudad incluso antes del proceso que va desde la fuga del penal de los presos políticos hasta el fusilamiento en agosto de 1972: “Por lo menos desde un año antes de los hechos que recibimos esta muestra de solidaridad que me atrevería a decir que como en Trelew no pasó en ningún otro lugar”, sostuvo en relación a que la cárcel de Rawson servía para aislar a los referentes revolucionarios y otros líderes políticos y sindicales de sus organizaciones trayéndolos a la Patagonia: “Acá los presos eran desconocidos, no tenían nada que ver con el lugar, ningún vínculo con los pobladores de Rawson y Trelew”.
Pero además, las ciudades cumplen una tarea más: reconstruir la historia de los presos políticos que fueron fusilados por la dictadura. Ese proceso de reconstrucción es lo que le sucede a Raquel Camps: “En esta ciudad había un montón de compañeros que podían relatarme quiénes eran mis viejos. Ellos eran muy pendejos y acá empecé la reconstrucción para saber quiénes eran”, sostuvo Raquel quien se siente de alguna manera de la provincia del Chubut: “Mis viejos se conocieron en el penal de Rawson, entonces hay una historia de amor detrás de todo”.

LA FUGA Y LOS FUSILAMIENTOS

El 15 de agosto de 1972 se llevaría a cabo una de las operaciones contra la dictadura militar de Lanusse más temerarias y sofisticadas de la historia de las organizaciones revolucionarias: presos políticos que eran parte de tres organizaciones guerrilleras (Montoneros, ERP y FAR) planearon una fuga masiva del penal de Rawson para reincorporarse a la resistencia. La operación fue panificada con varios meses de anticipación y en absoluto secreto, involucrando a tres organizaciones guerrilleras que mantenían diferencias ideológicas pero que los unía la lucha contra la dictadura militar.
A las 18 horas comenzó la fuga separada en tres grupos: primero saldrían los miembros más importantes de las organizaciones y luego las segundas y terceras líneas. El objetivo era que se evadieran 125 presos políticos, secuestraran un avión en el aeropuerto de Trelew y pasarán a Chile donde gobernaba el presidente socialista Salvador Allende. Aunque sólo lograron pasar a Chile seis (entre ellos se encontraba Mario Roberto Santucho, jefe del ERP), y 19 quedaron rodeados en el viejo aeropuerto de Trelew mientras que el grueso ni siquiera pudo salir del penal, la operación fue un éxito político: las organizaciones revolucionarias se habían unido para asestar un golpe propagandístico letal contra la dictadura, demostraban capacidad operativa y evidenciaban la ingenuidad de la conducción militar.
La demostración de lo que la fuga significó para la dictadura militar quedó expuesto justo una semana después. Los 19 presos que quedaron varados en el aeropuerto entregaron las armas una vez que negociaron la vuelta al penal; pero la dictadura declaró a Chubut “zona de emergencia” y fueron traicionados: se los condujo a la base aeronaval Almirante Zar y la madrugada del 22 de agosto los harían salir de sus calabozos para ser fusilados por oficiales de la Armada Argentina. De los 19 lograron sobrevivir tres (Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar) quienes fueron fundamentales para brindar testimonio de lo que pasó ese día y en base a sus declaraciones (los tres fueron asesinados luego por la dictadura que tomó el poder en 1976) se pudo condenar a los responsables cuatro décadas después (Ver recuadro sobre el juicio).

EL SIGNIFICADO DE LA MASACRE

Los fusilamientos de Trelew fue el prólogo de lo que sistemáticamente se daría a partir del 24 de marzo de 1976 con la última dictadura argentina. Para Eduardo Luis Duhalde, uno de los referentes en la lucha por los Derechos Humanos que murió en el año 2012, la Masacre de agosto de 1972 reúne todas las características que tiene el Terrorismo de Estado argentino: la política genocida que busca eliminar la militancia popular, la pedagogía del terror que busca restablecer la autoridad militar y el miedo, la no asunción del hecho criminal alegando la legítima defensa de los militares que dispararon, el pacto de sangre que involucró a las tres fuerzas armadas y a toda la cadena de mando, y finalmente la aplicación de la ley de fugas, es decir usar el falaz pretexto del intento de escape de los detenidos en la base para justificar la masacre.          

43 aniversario de la Masacre de Trelew

Hualpa: “El juicio tuvo una función esclarecedora en el plano histórico y jurídico”
En el año 2012, luego de 40 años de la Masacre, los responsables materiales directos fueron condenados lo que significó un avance sustancial después de décadas de impunidad y desentendimiento por parte del Estado. El juicio tuvo un triunfo adicional: la declaración de delito de lesa humanidad, lo que significa que es imprescriptible y que respondió a una política de Terrorismo de Estado donde estaba involucrada toda la estructura militar de la dictadura.
A pesar de las condenas a Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, fueron absueltos el jefe de la base Zar, Norberto Paccagnini, y el oficial militar que encubrió los hechos, Jorge Bautista, lo que resulta incoherente porque negaría la cadena de mando que bajó desde el presidente de facto, Alejandro Lanusse hasta los que dispararon. Además, no se pudo enjuiciar a Alfredo Bravo, otro de los asesinos que se encuentra en Estados Unidos protegido por el gobierno del país del norte que ha rechazado los pedidos de extradición.
Consultado por este medio, Eduardo Hualpa, abogado del CELS y representante de los familiares en el juicio, explica en qué situación está el proceso luego de la sentencia del 2012.

¿En qué situación están ahora las condenas y absoluciones?
Las condenas fueron confirmadas por la Cámara de Casación Penal y se encuentran en análisis de la Corte Suprema por el recurso planteado por los condenados. En cuanto a la absolución de Paccagnini fue dejada sin efecto por la misma sentencia de Casación y se ordenó dictar nuevamente la sentencia, aunque para eso el expediente debería regresar a Comodoro Rivadavia y designarse un nuevo Tribunal Oral, lo que en nuestra región supone una demora importante.

¿Se puede estimar en qué tiempo habrá una definición al respecto?
No es posible estimar una fecha de definición, dado que la práctica de la Corte hace muy difícil de predecir sus tiempos. Tampoco hace tanto que la causa llego al máximo tribunal. Veremos con los familiares que estrategias empleamos para que lleve el menor tiempo posible.

¿Reservás algún optimismo respecto a la extradición de Bravo?
 Soy optimista sobre la posibilidad de sentar a Bravo a que responda por sus crímenes, pese a la negativa de los Estados Unidos de extraditarlo, por la sencilla razón de que esta causa ha esperado más de 40 años por justicia y contra todos los pronósticos ha avanzado enormemente. Los familiares han demostrado ser pacientes y perseverantes. ¿Quién iba a pensar en el 2006 que comenzamos con las querellas que el capitán Sosa iba a ser hallado y condenado por la Masacre de Trelew?

Tres años después del juicio, ¿qué reflexión haces respecto a su importancia histórica?
La importancia histórica del juicio ha sido demostrar en la Justicia algo de lo que ya se tenía noticia: los procesos dictatoriales que se sucedieron en Argentina desde el golpe de Ongania, no fueron sucesos aislados. La más cruenta dictadura que vivimos en Argentina no se inició en el año 1976, sino que forma parte de un ciclo más complejo de preparación ideológica, política, mediática, logística y que en el plano militar ubica la Masacre de Trelew como un hecho muy grave en esta sucesión del Estado terrorista. El juicio demostró la mecánica represiva, instalada desde varios años antes y que no perdió continuidad, pese al arribo del periodo constitucional de Campora y Peron. Es decir, el juicio tuvo una función esclarecedora en el plano histórico y jurídico, siendo el primer caso de condenas de crímenes lesa humanidad por hechos anteriores a la última dictadura militar. Pero en el plano social tuvo otra arista no menos importante: fue el escenario del reencuentro de familiares, militantes de los 70, vecinos y vecinas de Trelew y Rawson. Fue el ámbito donde pudieron dejar una pesada carga varios testigos que habían sido marcados con el terror en la piel y nunca habían contado lo que dijeron al Tribunal. No olvidemos que durante el juicio aparecieron elementos inéditos y de importancia para la investigación: fotos de los cuerpos y un acta de escribano realizados antes de ser enterrados, un audio inédito con la voz de los tres sobrevivientes de la masacre, hoy desaparecidos o asesinados. La importancia del juicio es su aporte a la memoria de un pueblo, que en nuestra región y para muchas personas, no es solo una consigna general, sino también una imperiosa necesidad personal.


18 de julio de 2015

Segundo juicio de Julián Antillanca

LUEGO DE CINCO AÑOS Y TRAS UN PRIMER JUICIO QUE FUE ANULADO

Cadena perpetua para los policías que asesinaron a Julián Antillanca

Los agentes Martín Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba fueron condenados por homicidio calificado, mientras que el comisario Carlos Sandoval fue condenado a tres años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado. En el juicio se apuntó contra las abusivas prácticas de la fuerza de seguridad provincial.

La violencia institucional en la provincia del Chubut sufrió su primera gran derrota. Luego de casi cinco años y tras un juicio anterior que sugestivamente absolvió a todos los imputados, por fin el lunes 6 de julio los responsables policiales de la muerte de Julián Antillanca fueron condenados. El caso espera ser un punto de inflexión en la provincia del Chubut, donde la institución policial registra un penoso índice de violencia y hostigamiento a jóvenes de los sectores de escasos recursos.
Si bien el crimen de Julián estuvo a punto de quedar impune, la pelea de la familia Antillanca y un apoyo social creciente torció la historia: el Superior Tribunal de Justicia de la provincia obligó a realizar un nuevo juicio luego que en el 2012 se absolvieran a los imputados desdeñando pruebas y testimonios claves. La decisión del máximo tribunal de Justicia de la provincia se suma a lo que anteriormente resolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando en otro caso condenó al Estado por ser culpable de la desaparición en el año 2003 de Iván Torres, luego de ser detenido en Comodoro Rivadavia por la Policía del Chubut. La fuerza provincial está implicada en al menos otros cuatro crímenes, además de sumar semana a semana denuncias por abusos, maltratos y hostigamiento a familiares de las víctimas y testigos.    

Una noche fatal: “Espiral adrenalínica”

En la madrugada del 5 de septiembre, los policías Martín Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba cumplían en la zona de boliches de Trelew lo que en la jerga policial se llama “adicionales”: con uniforme y armas aportados por el Estado provincial hacen tareas de prevención y seguridad pagado por privados. Pero no fue una madrugada cualquiera: en el margen de pocas horas primero los agentes golpearon salvajemente a los hermanos Aballay y posteriormente golpearon hasta matar al joven Julián Antillanca. Este cuadro de violencia en nombre de la policía provincial fue calificado por la fiscal Mirta Moreno como una noche de “espiral adrenalínica”, es decir, un abuso violento y sanguinario de los policías que no podían saciar la sed de golpear a los jóvenes.
Cuando Julián Antillanca y Walter Torres vieron desde el boliche Ku cómo los policías Solís, Abraham y otros golpeaban en las inmediaciones a los hermanos Sergio y Matías Aballay, Torres arrojó una botella en repudio del accionar de los agentes. Dos horas después, sería el propio Julián quien sufriría la golpiza: la testigo Daiana Monsalvez aseguró ante el tribunal: “Lo estaban re golpeando”, y relató que se trataba de tres policías varones y una mujer.
Según las pericias realizadas por los forenses, Julián Antillanca murió por múltiples lesiones vitales provocadas por terceros, y no por un coma etílico como sostuvo el primer informe policial y la prensa el día posterior a su muerte.
La fiscal Moreno describió en base a los testimonios cómo en el momento de la golpiza existía una suerte de “distribución de tareas”: uno lo sostenía por la parte de la cabeza, otro en las piernas mientras era golpeado con la tonfa (bastón que utilizan los agentes policiales); por su parte, la agente mujer evitaba que se acercaran las personas que transitaban por el lugar en esa madrugada. La mujer policía se trata de Laura Córdoba, quien era la oficial superior de los policías Jorge Abraham y Martín Solís, y bastaba sólo una orden de ella para frenar la brutal golpiza que llevó a Julián a la muerte.

Encubrimiento: una escuela de terror

Una vez consumado el asesinato, desde el jefe de la comisaría cuarta de Trelew, Carlos Sandoval, hasta los agentes implicados, tramaron una coartada de encubrimiento: se arrojó el cuerpo en las calles Patagonia y Rivadavia de la ciudad del valle para involucrar a otras personas en su muerte, se ocultó pruebas fílmicas a la investigación judicial y ajustaron un relato falso sobre los hechos que repitieron hasta el último día del juicio. Por si fuera poco, como explicó el propio César Antillanca, padre de Julián, el comisario Sandoval le aseguró el mismo día del asesinato que la causa de la muerte fue un coma etílico y le comentó que tenía “unos raspones en la nariz y en la oreja”.
Lo que Sandoval describió como raspones concuerda en realidad con lo que describió la testigo Monsalvez y fue acreditado por los forenses: las heridas de Julián son indicadores de sujeción, golpes de botín, trompadas y golpes de tonfa. La conclusión es categórica: a Julián Antillanca lo mató a golpes la policía.
Una vez asesinado, los policías cargaron el cuerpo en el móvil 234 y lo arrojaron en la calle Patagonia y Rivadavia, a pocos metros de la casa de la familia Amigorena quienes según otros agentes de la comisaría cuarta tenían “un modus operandi” sospechoso. La coartada era obvia: una vez que se descubriera la falsedad del coma etílico, se buscaría involucrar a los Amigorena en el asesinato. Para desbaratar la historia fue clave el testimonio de Jorgelina Domínguez, quien en esas primeras horas de la mañana vio oculta desde la esquina cómo la policía arrojaba el cuerpo sin vida de Julián, y posteriormente pudo identificar a Martín Solís como el agente que se bajó para corroborar que nadie los veía (sin advertir claro, a Jorgelina). El conductor del patrullero sería Pablo Morales, el único de los imputados que fue absuelto ya que el tribunal entendió que no fue identificado en ninguna de las circunstancias que van desde la golpiza hasta que arrojaron el cadáver.
Los peritajes que se hicieron en el patrullero arrojaron pruebas concluyentes: dentro del móvil policial 234 se encontró rastros de ADN que concuerdan con el linaje de Julián Antillanca. El testimonio de Jorgelina y las muestras genéticas prueban cómo se deshicieron del cuerpo de Julián y cómo se orquestó el comienzo del encubrimiento.
Analizada las pruebas en juicio, el tribunal compuesto por Darío Arguiano, Adrián Barrios y Marcelo Di Biase resolvió condenar a cadena perpetua a los policías Jorge Abraham, Martín Solís y Laura Córdoba por ser los autores materiales del homicidio calificado, y al comisario Carlos Sandoval a tres años de prisión en suspenso por ser el responsable de las tareas de encubrimiento.

Los jóvenes de bajos recursos en la mira

La abogada por parte de la familia Antillanca, Verónica Heredia, en su alegato apuntó a la función y al rol que cumple la policía. El diagnóstico es tenebroso: para la letrada el crimen de Julián no puede desentenderse del contexto donde el sector social de “jóvenes de escasos recursos” es víctima de persecución por la fuerza de seguridad.
En ese sentido, Heredia también se centró en el papel de encubridores que cumplió el resto de los agentes de la comisaría cuarta tras el asesinato de Julián. “Fue un festival de los no me acuerdo. Policías que vinieron a declarar y lo único que pudieron decir fue no recuerdo, no se decirle”, se quejó ante el tribunal. Además, analizó que según las declaraciones de los 26 agentes que estuvieron en el juicio, sabían distinguir muy bien cuál era el sector social a controlar: para Heredia la policía provincial es cómplice del estado de discriminación y desigualdad, ya que fueron ellos quienes hablaron de “diferentes clases sociales” entre los que asistían al boliche Ku o al boliche Místico en Trelew: “Ejercen sus funciones controlando a esas clases sociales”, resumió la abogada en relación a los sectores más postergados del que era parte Julián.  
Además, Heredia analizó las condiciones en las que trabaja la policía, que sin desligarle las responsabilidades penales del caso, es “un caldo perfecto para la violencia” al realizar el régimen de “adicionales” una vez que cumplen su horario normal de trabajo, recargando niveles de stress y cansancio.
Por último, Heredia cerró su alegato recalcando que los tribunales de Justicia son responsables de “la impunidad con que se sienten” los que usando instrumentos del Estado se vuelven criminales. La condena contra los asesinos de Julián podría ser el primer capítulo para cambiar esa historia.  

César Antillanca: “Para terminar con los abusos hace falta decisión política”
El papá de Julián, César Antillanca, hizo un análisis sobre lo que significó el juicio para Chubut. “En primer lugar hay que destacar que con el fallo el Poder Judicial aceptó que lo que denunciamos los familiares y amigos de Julián y el colectivo de organizaciones está sucediendo”, sostuvo en referencia a los abusos de la policía con los jóvenes. Luego agregó: “En lo local este fallo se puede transformar en jurisprudencia; pero para terminar con la lógica de abusos se necesita decisión política por parte del Poder Ejecutivo. Acá hay una lógica delictiva que no se acota a la institución policial sino que tiene que ver con los poderes del gobierno”, sostuvo.
Finalmente, Antillanca opinó que el fallo condenatorio no tiene que ver solamente con el análisis de las pruebas, sino que fue importante las manifestaciones públicas de diferentes sectores, fundamentalmente en contraste con el primer juicio donde la movilización pública era menor y se terminó absolviendo a los imputados: “En este caso la justicia fue un proceso social, que no sólo se dio en Trelew sino en toda la provincia”, opinó.