18 de noviembre de 2015

Violencia policial en Chubut

LA COBERTURA DEL JORNADA Y EL CHUBUT ANTE LA MOVILIZACIÓN DE LOS POLICÍAS CONDENADOS

El periodismo y sus encrucijadas
Jornada se convirtió en vocero del "malestar" policial
La violencia policial es uno de los temas más urgentes de la democracia, y por cierto desde 1983 hasta la fecha ningún gobierno ha avanzado sobre este lastre de plomo que tiene raíces en una sanguinaria tradición: represión a los sectores obreros-sindicales y a los jóvenes y estudiantes en todo el siglo XX pero fundamentalmente en la última dictadura. El gatillo fácil y las variantes de violencia de las fuerzas policial 
es es hoy un tema tabú para la clase política pero también para los medios de comunicación que algunos llaman “hegemónicos” y otros “del sistema”. Para tratar de romper el consenso tácito sobre esa idea del “Algo habrán hecho” con el cual se justificaban los peores tormentos o desapariciones y que aún está vigente, El extremo Sur entrevistó a María del Carmen Verdú, abogada de la Comisión contra la Represión policial (CORREPI), Fabián García miembro de la Comisión contra la Impunidad en Trelew y a la docente de Comunicación Social de la Universidad de la Patagonia, Ana Mariel Weinstock, para tratar de ayudar a pensar el rol y las prácticas del periodismo frente a este accionar criminal de la policía que tiene como principal víctima a pibes de los sectores urbanos periféricos.

La campaña duró varias semanas e incluyó desde la cobertura de manifestaciones, anticipos y hasta largas entrevistas a página entera o doble página
Luego de las condenas a los agentes que mataron a Julián Antillanca en el año 2010, familiares y amigos de los condenados (incluso condenados con prisión en suspenso como el ex comisario Carlos Sandoval) se movilizaron por Trelew y Madryn exigiendo revertir el fallo del tribunal y por otro lado enviar un mensaje a la Justicia y a las instituciones: Chubut registra una decena de casos de violencia policial, muertes sospechosas y tormentos en comisarías que aún esperan ser juzgados; por eso mismo miembros y allegados a lo que denominan la “familia policial” desean condicionar la continuidad de los juicios.
En ese marco, los dos principales diarios del noreste de Chubut dieron una generosa cobertura y replicaron frases como “enojo en la policía”, lo que sin hacer muchas cuentas tiene un claro mensaje mafioso para que lean jueces y responsables políticos encargados de juzgar y dirigir las fuerzas de seguridad. A nadie se le escapa lo que significa el “enojo” de un sector como la policía siendo que tiene el monopolio de la fuerza del Estado. Además, ningún otro tipo de condenado por un tribunal ordinario goza del beneplácito mediático como tuvieron en este caso los cuatro policías que mataron a Julián Antillanca. En ese sentido, tanto Jornada como El Chubut presentaron los hechos con un matiz indulgente que por lo menos condiciona la construcción de una Justicia igualitaria y deja cautiva a las instituciones democráticas ante el poder de represión que tienen las fuerzas policiales.

El tratamiento de El Chubut fue más que indulgente con los condenados
La “objetividad”: lo ideal, lo real y lo posible

En síntesis, además de una marcha en Trelew acompañado de pintadas y pasacalles en las tres principales ciudades del noreste chubutense, la movida de sectores afines a la policía incluyó el acompañamiento de los diarios El Chubut y Jornada: no sólo en anticipar la convocatoria y cubrir las manifestaciones con una ubicación, fotografías y espacio de privilegio en las ediciones impresas, sino incluso replicando en redes sociales e incluyendo una extensa entrevista a Carlos Sandoval, quien era el jefe de la comisaría cuando mataron a Julián Antillanca y sobre quien pesa una condena en suspenso por encubrir el crimen.
El Chubut omite en el epígrafe que en la marcha había un policía con condena en suspenso por la muerte de Julián Antillanca (Carlos Sandoval, en el círculo rojo).
La primera pregunta que surge es si la pretensión de objetividad que tiene el periodismo es una justificación para equilibrar a la víctima junto a sus verdugos, sin contextualizar y sin repudiar la violencia cometida por un funcionario del Estado. En ese sentido, para María del Carmen Verdú, abogada que representa a CORREPI en numerosos juicios de gatillo fácil, la enorme visibilidad que obtienen las fuerzas policiales organizadas y movilizadas no es casual, sino que obedece a la política editorial de los medios “del sistema”: “Chubut no es una isla: en muchísimas ocasiones se han organizado ese tipo de marchas de apoyo a represores, y siempre tienen una cobertura envidiable”, y agregó como ejemplo un contrapunto: “No creo que para los jefes de redacción sea un problema moral o ético darles visibilidad o no, como así tampoco lo es cuando deciden silenciar las luchas”.
Por su lado, la docente Ana María Weinstock liga el concepto del ideal de libertad de expresión con la “teoría de los dos demonios”. “Esto es un coletazo de una idea colectiva, sedimentada que consiste en equiparar subversión con Estado represivo y que hoy de otra manera continúa. Entonces ahora también hay dos extremos equiparables y eso siempre depende de cómo marques la cancha porque en base a esa teoría te sirve para justificar la represión cuando en realidad no son equiparables, de ninguna manera”, analiza Weinstock sobre la división entre policía represora y las victimas como Julián Antillanca.
Además, Fabián García, miembro de la Comisión contra la impunidad de Trelew cree necesario marcar la diferencia entre lo ideal y lo que realmente pasa día a día en una redacción como así también diferencias al periodista redactor y a los responsables editoriales de los medios de comunicación. Según García, los redactores están condicionados no sólo por su carga laboral (en los medios de comunicación de Chubut las reducidas plantillas de periodistas no permite que un redactor pueda especializarse en un tema, investigar a fondo ni hacer la continuidad de un acontecimiento), además de las relaciones institucionales que los mismos periodistas y sobre todo los editores tienen con responsables policiales: “El periodista previamente le debe favores a la policía, desde un off the record hasta una llamada oportuna avisándole que se va hacer una detención importante. Digamos, hay un montón de elementos que atetan contra el periodista al momento de ejercer su profesión. Está sesgado por la relación previa que tiene y que necesita para poder continuar la semana que viene con otra noticia”. Incluso García sostiene que no hay que perder de vista que es práctica común que jefes policiales visiten a editores en la redacción, lo cual la relación en términos periodísticos se vuelve más turbia.    
Jornada y El Chubut sostuvieron la campaña de los policías organizados

De todos modos, para Weinstock es necesario replantear que el ideal de objetividad y de incluir todas las voces tiene que ser limitado en función de los valores positivos que aporten socialmente. “Esta concepción de objetividad está basada en que todos los individuos que formamos parte de la sociedad tenemos los mismos derechos incluso el de aparecer en un diario. Tomado así en abstracto puede sonar lógico pero la realidad social funciona de manera diferente: porque no tendrías ese derecho si mataste, torturaste, es decir no tendrías que tener el mismo derecho de aparecer en el espacio público”, explicó la docente y respecto a los medios analiza que es esperable que decidan “no tratarlo a un criminal como un igual, como cualquier otro ciudadano”.
Desde CORREPI la visión que tienen es que el Estado y los medios de comunicación son parte de un sistema donde la represión es útil para mantener el orden vigente; por eso Verdú recalca la idea de que lo que hacen los medios no obedece a condicionamientos ni a una impericia, sino que son parte de ese “discurso oficial”. “Los medios de comunicación del sistema (hegemónicos o no) son la caja de resonancia del discurso oficial, reproducen y amplían la línea que baja de los que mandan”, y eso se manifiesta no sólo en los temas que imponen como opinión pública” lo que en realidad es “opinión publicada”, sino en la construcción de sentido: “Cuando un diario habla de un chico de un barrio pobre, del hijo de un trabajador que es víctima de un fusilamiento, sistemáticamente lo llama “el menor”. “Menor” es equivalente a “persona de menos de 18 años en conflicto real o presunto con la ley”. En cambio, si el pibe en cuestión es el hijo de “alguien” (un empresario, un político, un profesional), lo van a llamar “el chico””, explicó la abogada.   

Las notas fueron a veces a doble página o incluso con dos fotografías a color
La lupa sobre las prácticas periodísticas

Los medios de comunicación alternativos ganan cada vez más lectores pero la hegemonía de los grandes grupos empresarios que tienen sus usinas mediáticas siguen ganando la batalla por imponer los temas de agenda pública, lo que Verdú explicaba más arriba como la diferencia ente “opinión pública” y “opinión publicada”, y que se relaciona con la teoría de la Agenda setting: los medios de comunicación no tienen poder de decirnos cómo pensar, pero sí en qué temas pensar. Sin embargo, lo que sí logran imponer los medios alternativos es levantar el piso de la calidad periodística, obligan a los medios tradicionales a multiplicar las voces y replicar verdades que los periodistas autogestionados hacen público.
En ese escenario, se propuso pensar a los entrevistados cómo el periodista puede empezar a sortear obstáculos que atentan contra la profesión. Para la representante de CORREPI, los medios alternativos son el ejemplo a seguir sobre qué hacer ante los casos de violencia institucional: “Simplemente decir la verdad, como lo hacen a diario los medios alternativos de comunicación, y como lo intentan infinidad de trabajadores de prensa que se esfuerzan por influir sobre los contenidos y a veces logran filtrar alguna información”, puntualizó Verdú.
En cuanto a prácticas concretas, Weinstock sostiene que una de las ideas a vencer es la “ideología dominante”, donde los periodistas ante un hecho de violencia recurren casi con exclusividad a las fuentes policiales y muy pocas veces a los familiares. En ese sentido, Fabián García, de la Comisión contra la impunidad, explicó que  cuando un periodista tiene contacto con un familiar de la víctima se da “casi siempre cuando el familiar va a la redacción a pedir una nota; cuando va para quejarse del accionar policial, recién ahí aparece la voz de ellos”. Sobre este punto, Weinstock propone que lo que hay que vencer son los prejuicios que arrastramos porque nos lleva a pensar que “la culpa fue del villero y pobre, no hay discusión a esa culpa a priori porque es lo más “normal”, nos hacen creer eso”.
Similar es el planteo que hace María del Carmen Verdú, aunque desestima que la preferencia de la fuente policial sea por una simple comodidad o prejuicio inconsciente: “Es mucho más fácil, para el periodista acceder a la familia o a la organización que lucha contra la violencia policial. Sin embargo, como venimos diciendo, la fuente policial es la que se impone, lo que no es simplemente una práctica que se arrastre por inercia, sino una posición política de los medios”.

La apelación a la convocatoria como "nutrida" o "Gran concurrencia" iba a beneplácito del propósito político de los organizadores
La difusión de los condenados

La difusión de los medios de la zona sobre los reclamos de policías condenados por la muerte de Julián Antillanca (y en el contexto de otros casos como el de Mauro Castaño que murió por las quemaduras tras un incendio provocado en su calabozo de Trelew luego de ser detenido por una contravención, o el de Iván Torres que desapareció en el año 2003 luego de ser detenido en Comodoro Rivadavia) no es un privilegio discutible solo por la calidad del espacio que se les asigna (en primera plana, páginas principales o a doble página color y con varias fotografías), sino también por un lenguaje que roza la indulgencia a quienes son encontrados por parte de un tribunal de Justicia ordinario responsables de un crimen cometidos como funcionarios del Estado.
“Si en ese caso vos no estás dando el dato de que es alguien que mató, torturó o que tiene una sentencia firme donde se demostró eso, como periodista estás faltando a la objetividad, estás omitiendo un dato de importancia que cambia la significación de la escena”, explicó Weinstock. Para María del Carmen Verdú, la cuestión de fondo es comprender que los medios de comunicación “del sistema” tienen una política afín a ser condescendientes en este caso con los miembros de la fuerza pública aun sean criminales: “En definitiva, son la correa de transmisión de un mensaje que comparten”.