22 de octubre de 2015

Espionaje en Chubut

SOSPECHAS DE CONNIVENCIA ENTRE EL PODER JUDICIAL, LAS MULTINACIONALES Y AGENTES DE INTELIGENCIA
Las luchas populares y vecinos bajo la mira de los servicios secretos
Nota en El Extremo Sur, septiembre de 2015, edición N° 154

El espionaje a ciudadanos de Esquel no generó sorpresa; pero si diseminó el miedo entre los vecinos de la ciudad y otros pueblos de la cordillera chubutense. La mezcla de espionaje ilegal por parte de servicios de inteligencia del Estado sumado a funcionarios judiciales que buscan acusar en el marco de la Ley antiterrorista el reclamo de las comunidades mapuches sobre las tierras de propiedad jurídica de la familia Benetton forman un cocktail que tiene reminiscencias de los peores años de la historia reciente del país. Entre todas las preguntas que surgen ahora hay dos que predominan en la escena: fundamentalmente se quiere saber quién ordenó el espionaje a civiles o en todo caso saber si los organismos de inteligencia –aún a pesar de los cambios del último año con la desintegración de la nefasta SIDE—se manejan en una órbita de autonomía donde el poder político no alcanza a pedir explicaciones; y segundo determinar qué tipo de relación o connivencia tienen funcionarios judiciales con los servicios secretos.
La lista de 22 personas espiadas no conforma un documento trascendental en términos de “inteligencia” y no serviría para hacer ninguna novela del género: datos anecdóticos con referencias cargadas de prejuicios xenófobos o descripciones de roles en asambleas populares que cualquier persona que participe en una reunión podría advertir forman el “fichaje”. Sin embargo la cuestión está en la violación concreta a las garantías constitucionales y la falta de apego de las estructuras del Estado a los procedimientos legales: tanto la estructura de inteligencia como parte del Poder Judicial están en la mira. Entre los espiados figuran periodistas, docentes, médicos, comerciantes, empleados públicos y miembros de una FM local, pero el único factor común que une a todos ellos es la participación activa en las asambleas y luchas populares que se dan en la zona norte de la cordillera chubutense.
En ese escenario, los asambleístas del No a la mina y las personas que han participado en distinto grado en la toma de una parte de los campos de Benetton por parte de comunidades mapuches se mueven con suspicacias ante las consultas de medios de comunicación de todo el país. Uno de los vecinos espiados, Humberto Kadomoto, quien ha participado en la asamblea antiminera desde los inicios, aseguró a este medio que en Esquel aun no tienen muchos detalles sobre los motivos del espionaje y que los vecinos evitan hacer presunciones, pero sí confirmó que las sospechas de que son espiados viene al menos desde el año 2002 (es decir, cuando la lucha antiminera estaba comenzando e incluso desde antes de la consulta popular que rechazó por casi el 83 por ciento la instalación de un emprendimiento minero en Esquel).
Respecto a la connivencia entre el Ministerio Público Fiscal y las empresas multinacionales que tienen interés en la región, Kadomoto es concreto al marcar las diferencias que los fiscales hacen cuando llega a mesa de entrada una denuncia realizada por los vecinos autoconvocados o lo hace una empresa como puede ser una minera o la propia firma Benetton: “La fiscalía siempre archivó las denuncias de los vecinos” y luego opinó que a fin de cuentas “el poder económico maneja todos los estratos del gobierno y de la justicia”.    

LAS FICHAS SALEN A LA LUZ

Las fichas realizadas por un agente del servicio de inteligencia donde especificaba nombres, profesiones, fotografía y función dentro de las asambleas populares estuvieron en poder de la fiscalía de Esquel desde el día 28 de mayo; pero recién se supo de ellas, y de forma casi accidental, a fines de agosto, cuando el defensor público Fernando Radziwilowski dio con el archivo digitalizado en una de las máquinas de la oficina judicial.
La coartada de los fiscales Rivarola y Révori, a cargo de la investigación por la causa Mapuche/Benetton fue por un lado reconocer la existencia del archivo y pedir que se libere de la protección de identidad al espía, y por otro lado asegurar que la información fue aportada “espontáneamente”. Sin embargo, El extremo Sur confirmó con fuentes judiciales que nadie que aporte algún tipo de documento a la fiscalía para ser utilizada en una causa judicial puede ser exceptuado de ser identificado y dejar constancia de qué tipo de documentación acerca, forma parte del procedimiento normal. En ese caso, las únicas vías de interpretación ante la falta son dos: o estamos ante una mecánica de ineptitud de los funcionarios judiciales o hay connivencia entre los fiscales, servicios de inteligencia y las multinacionales interesadas.
La demás legislación sobre protección de agentes del servicio secreto del Estado debe ser relevado por orden judicial, aun así la Constitución Nacional prohíbe expresamente ser víctima de espionaje u hostigado por su forma de pensar o actividades que no prohíbe la ley, como la participación política. Pero en el entramado que significa el Estado nacional y provinciales, que además de la secretaría de inteligencia que tiene su acerbo ideológico en los años 60-70, están las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y sumadas a las fuerzas armadas, el espionaje interno que está prohibido se delata como una práctica discrecional que pocas veces sale a la luz.

LA PELEA DE FONDO

En abril de este año un grupo de personas de comunidades mapuches ingresaron a tierras bajo alambrado en la zona de Leleque y que tienen como propietario legal a la firma que pertenece a la familia Benetton (el conocido magnate italiano que posee en toda la Patagonia más un millón de hectáreas en la cordillera y precordillera). La comunidad mapuche se ampara en leyes nacionales e internacionales que protegen su derecho a recuperar las tierras ancestrales. Por su parte, la firma textil italiana inició una causa judicial que mantiene en litigio por un lado por el tema de la toma de las tierras en particular y segundo se tiene que definir la cuestión de fondo: si pesa más el interés privado de una multinacional y una familia latifundista, o la razón de los pueblos originarios y su interés de vivir en tierras con un sistema de economía comunal.
El lof en Resistencia de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo que se adjudica la recuperación de tierras aseguro que actuaron bajo el imperio de la falta de respuestas a sus pedidos y la existencia de tierras que en manos de empresas extranjeras permanecen improductivas.
Desde que las comunidades mapuches iniciaron su proceso de recuperación la situación siempre estuvo cargada de conflictos: a actos policiales intimidatorios en cortes de ruta llevados a cabo simultáneamente a la toma de tierras se le sumó las tareas persecutorias a vecinos que se solidarizaban. Es en el marco de ese tejido de solidaridad que se inscribe las tareas de espionaje ilegal que se conocieron en las últimas semanas.

LEY ANTITERRORISTA Y CAMBIOS EN INTELIGENCIA

La persecución ilegal a los vecinos de Esquel se inscribe en un contexto más amplio: por un lado la Ley Antiterrorista que la fiscalía de la ciudad cordillerana busca aplicar en el caso del litigio Mapuches contra Benetton; y por otro lado el escenario de disputa que se da en los órganos de inteligencia del Estado nacional y que por propia naturaleza pocas cosas salen a la luz y son de dominio público.
La Ley Antiterrorista es una reforma del Código Penal que se sancionó en el año 2007 y fue duramente criticado por sectores progresistas y de izquierda. En ese momento se acusó al gobierno de Cristina Fernández de llevar adelante una medida antipopular y que sólo tenía como fin agradar a los organismos internacionales.
Si bien la excusa es que su espíritu está para controlar las especulaciones financieras, los términos vagos de la ley permite que cualquier tipo de lucha popular pueda ser circunscripta bajo esta figura. Lo que estipula estos artículos es cambiar el fuero federal por delitos penales comunes en caso  de que “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” y duplicar automáticamente las penas.  
Luego, la actuación del agente de inteligencia no puede deslindarse de la desintegración que se dio este año con la SIDE y preguntarse hasta dónde el gobierno nacional puede modificar la naturaleza de una agencia que nació para combatir lo que los gobiernos autoritarios llamaron “enemigo interno”. En enero de este año se disolvió la enigmática agencia donde agentes relacionados con la triple A y la última dictadura manejaban el organismo a discreción de los gobiernos democráticos.
Hoy, la nueva secretaría a cargo de Oscar Parrilli, hombre de confianza de la presidenta, tiene a cargo a quien efectuó el espionaje contra los vecinos de Esquel, que aunque no fue revelada su identidad desde el mismo juzgado reconocen que pertenece al organismo. Por otro lado, los asambleístas de la cordillera aseguran tener filmado al agente, lo que de alguna manera sería un material insustituible no sólo para terminar con estas prácticas intimidatorias sino también para develar cómo funcionan estos agentes que tienen por fin intimidar a los ciudadanos y de alguna manera condicionar la vida democrática.