SOSPECHAS DE CONNIVENCIA ENTRE EL
PODER JUDICIAL, LAS MULTINACIONALES Y AGENTES DE INTELIGENCIA
Las
luchas populares y vecinos bajo la mira de los servicios secretos
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| Nota en El Extremo Sur, septiembre de 2015, edición N° 154 |
El espionaje a ciudadanos de
Esquel no generó sorpresa; pero si diseminó el miedo entre los vecinos de la
ciudad y otros pueblos de la cordillera chubutense. La mezcla de espionaje
ilegal por parte de servicios de inteligencia del Estado sumado a funcionarios
judiciales que buscan acusar en el marco de la Ley antiterrorista el reclamo de
las comunidades mapuches sobre las tierras de propiedad jurídica de la familia
Benetton forman un cocktail que tiene
reminiscencias de los peores años de la historia reciente del país. Entre todas
las preguntas que surgen ahora hay dos que predominan en la escena:
fundamentalmente se quiere saber quién ordenó el espionaje a civiles o en todo
caso saber si los organismos de inteligencia –aún a pesar de los cambios del
último año con la desintegración de la nefasta SIDE—se manejan en una órbita de
autonomía donde el poder político no alcanza a pedir explicaciones; y segundo
determinar qué tipo de relación o connivencia tienen funcionarios judiciales
con los servicios secretos.
La lista de 22 personas espiadas
no conforma un documento trascendental en términos de “inteligencia” y no
serviría para hacer ninguna novela del género: datos anecdóticos con
referencias cargadas de prejuicios xenófobos o descripciones de roles en
asambleas populares que cualquier persona que participe en una reunión podría
advertir forman el “fichaje”. Sin embargo la cuestión está en la violación
concreta a las garantías constitucionales y la falta de apego de las
estructuras del Estado a los procedimientos legales: tanto la estructura de inteligencia
como parte del Poder Judicial están en la mira. Entre los espiados figuran
periodistas, docentes, médicos, comerciantes, empleados públicos y miembros de
una FM local, pero el único factor común que une a todos ellos es la
participación activa en las asambleas y luchas populares que se dan en la zona
norte de la cordillera chubutense.
En ese escenario, los
asambleístas del No a la mina y las personas que han participado en distinto
grado en la toma de una parte de los campos de Benetton por parte de
comunidades mapuches se mueven con suspicacias ante las consultas de medios de comunicación
de todo el país. Uno de los vecinos espiados, Humberto Kadomoto, quien ha
participado en la asamblea antiminera desde los inicios, aseguró a este medio
que en Esquel aun no tienen muchos detalles sobre los motivos del espionaje y
que los vecinos evitan hacer presunciones, pero sí confirmó que las sospechas
de que son espiados viene al menos desde el año 2002 (es decir, cuando la lucha
antiminera estaba comenzando e incluso desde antes de la consulta popular que
rechazó por casi el 83 por ciento la instalación de un emprendimiento minero en
Esquel).
Respecto a la connivencia entre
el Ministerio Público Fiscal y las empresas multinacionales que tienen interés
en la región, Kadomoto es concreto al marcar las diferencias que los fiscales
hacen cuando llega a mesa de entrada una denuncia realizada por los vecinos
autoconvocados o lo hace una empresa como puede ser una minera o la propia
firma Benetton: “La fiscalía siempre archivó las denuncias de los
vecinos” y luego opinó que a fin de cuentas “el poder económico maneja todos
los estratos del gobierno y de la justicia”.
LAS FICHAS SALEN A LA LUZ
Las fichas realizadas por un
agente del servicio de inteligencia donde especificaba nombres, profesiones,
fotografía y función dentro de las asambleas populares estuvieron en poder de
la fiscalía de Esquel desde el día 28 de mayo; pero recién se supo de ellas, y
de forma casi accidental, a fines de agosto, cuando el defensor público
Fernando Radziwilowski dio con el archivo digitalizado en una de las máquinas
de la oficina judicial.
La coartada de los fiscales
Rivarola y Révori, a cargo de la investigación por la causa Mapuche/Benetton
fue por un lado reconocer la existencia del archivo y pedir que se libere de la
protección de identidad al espía, y por otro lado asegurar que la información
fue aportada “espontáneamente”. Sin embargo, El extremo Sur confirmó con
fuentes judiciales que nadie que aporte algún tipo de documento a la fiscalía
para ser utilizada en una causa judicial puede ser exceptuado de ser
identificado y dejar constancia de qué tipo de documentación acerca, forma
parte del procedimiento normal. En ese caso, las únicas vías de interpretación ante
la falta son dos: o estamos ante una mecánica de ineptitud de los funcionarios
judiciales o hay connivencia entre los fiscales, servicios de inteligencia y
las multinacionales interesadas.
La demás legislación sobre
protección de agentes del servicio secreto del Estado debe ser relevado por
orden judicial, aun así la Constitución Nacional prohíbe expresamente ser
víctima de espionaje u hostigado por su forma de pensar o actividades que no
prohíbe la ley, como la participación política. Pero en el entramado que
significa el Estado nacional y provinciales, que además de la secretaría de
inteligencia que tiene su acerbo ideológico en los años 60-70, están las
fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y sumadas a las fuerzas armadas,
el espionaje interno que está prohibido se delata como una práctica
discrecional que pocas veces sale a la luz.
LA PELEA DE FONDO
En abril de este año un grupo de
personas de comunidades mapuches ingresaron a tierras bajo alambrado en la zona
de Leleque y que tienen como propietario legal a la firma que pertenece a la
familia Benetton (el conocido magnate italiano que posee en toda la Patagonia
más un millón de hectáreas en la cordillera y precordillera). La comunidad
mapuche se ampara en leyes nacionales e internacionales que protegen su derecho
a recuperar las tierras ancestrales. Por su parte, la firma textil italiana
inició una causa judicial que mantiene en litigio por un lado por el tema de la
toma de las tierras en particular y segundo se tiene que definir la cuestión de
fondo: si pesa más el interés privado de una multinacional y una familia
latifundista, o la razón de los pueblos originarios y su interés de vivir en
tierras con un sistema de economía comunal.
El lof en Resistencia de Cushamen
y el Movimiento Mapuche Autónomo que se adjudica la recuperación de tierras
aseguro que actuaron bajo el imperio de la falta de respuestas a sus pedidos y
la existencia de tierras que en manos de empresas extranjeras permanecen improductivas.
Desde que las comunidades
mapuches iniciaron su proceso de recuperación la situación siempre estuvo
cargada de conflictos: a actos policiales intimidatorios en cortes de ruta
llevados a cabo simultáneamente a la toma de tierras se le sumó las tareas
persecutorias a vecinos que se solidarizaban. Es en el marco de ese tejido de
solidaridad que se inscribe las tareas de espionaje ilegal que se conocieron en
las últimas semanas.
LEY ANTITERRORISTA Y CAMBIOS EN
INTELIGENCIA
La persecución ilegal a los
vecinos de Esquel se inscribe en un contexto más amplio: por un lado la Ley
Antiterrorista que la fiscalía de la ciudad cordillerana busca aplicar en el
caso del litigio Mapuches contra Benetton; y por otro lado el escenario de
disputa que se da en los órganos de inteligencia del Estado nacional y que por
propia naturaleza pocas cosas salen a la luz y son de dominio público.
La Ley Antiterrorista es una
reforma del Código Penal que se sancionó en el año 2007 y fue duramente
criticado por sectores progresistas y de izquierda. En ese momento se acusó al
gobierno de Cristina Fernández de llevar adelante una medida antipopular y que
sólo tenía como fin agradar a los organismos internacionales.
Si bien la excusa es que su
espíritu está para controlar las especulaciones financieras, los términos vagos
de la ley permite que cualquier tipo de lucha popular pueda ser circunscripta
bajo esta figura. Lo que estipula estos artículos es cambiar el fuero federal
por delitos penales comunes en caso de
que “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u
obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes
de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” y
duplicar automáticamente las penas.
Luego, la actuación del agente de
inteligencia no puede deslindarse de la desintegración que se dio este año con
la SIDE y preguntarse hasta dónde el gobierno nacional puede modificar la
naturaleza de una agencia que nació para combatir lo que los gobiernos
autoritarios llamaron “enemigo interno”. En enero de este año se disolvió la
enigmática agencia donde agentes relacionados con la triple A y la última
dictadura manejaban el organismo a discreción de los gobiernos democráticos.
Hoy, la nueva secretaría a cargo de Oscar
Parrilli, hombre de confianza de la presidenta, tiene a cargo a quien efectuó
el espionaje contra los vecinos de Esquel, que aunque no fue revelada su
identidad desde el mismo juzgado reconocen que pertenece al organismo. Por otro
lado, los asambleístas de la cordillera aseguran tener filmado al agente, lo
que de alguna manera sería un material insustituible no sólo para terminar con
estas prácticas intimidatorias sino también para develar cómo funcionan estos
agentes que tienen por fin intimidar a los ciudadanos y de alguna manera
condicionar la vida democrática.
