LUEGO DE CINCO AÑOS Y TRAS UN PRIMER JUICIO QUE FUE ANULADO
Cadena perpetua para los policías que
asesinaron a Julián Antillanca
Los agentes Martín
Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba fueron condenados por homicidio calificado,
mientras que el comisario Carlos Sandoval fue condenado a tres años de prisión
en suspenso por encubrimiento agravado. En el juicio se apuntó contra las
abusivas prácticas de la fuerza de seguridad provincial.
La violencia institucional en la provincia del Chubut sufrió su primera gran derrota. Luego de casi cinco años y tras un juicio anterior que sugestivamente absolvió a todos los imputados, por fin el lunes 6 de julio los responsables policiales de la muerte de Julián Antillanca fueron condenados. El caso espera ser un punto de inflexión en la provincia del Chubut, donde la institución policial registra un penoso índice de violencia y hostigamiento a jóvenes de los sectores de escasos recursos.
Si bien el crimen de Julián
estuvo a punto de quedar impune, la pelea de la familia Antillanca y un apoyo
social creciente torció la historia: el Superior Tribunal de Justicia de la
provincia obligó a realizar un nuevo juicio luego que en el 2012 se absolvieran
a los imputados desdeñando pruebas y testimonios claves. La decisión del máximo
tribunal de Justicia de la provincia se suma a lo que anteriormente resolvió la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando en otro caso condenó al Estado
por ser culpable de la desaparición en el año 2003 de Iván Torres, luego de ser
detenido en Comodoro Rivadavia por la Policía del Chubut. La fuerza provincial
está implicada en al menos otros cuatro crímenes, además de sumar semana a
semana denuncias por abusos, maltratos y hostigamiento a familiares de las
víctimas y testigos.
En la madrugada del 5 de
septiembre, los policías Martín Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba cumplían
en la zona de boliches de Trelew lo que en la jerga policial se llama
“adicionales”: con uniforme y armas aportados por el Estado provincial hacen
tareas de prevención y seguridad pagado por privados. Pero no fue una madrugada
cualquiera: en el margen de pocas horas primero los agentes golpearon
salvajemente a los hermanos Aballay y posteriormente golpearon hasta matar al
joven Julián Antillanca. Este cuadro de violencia en nombre de la policía
provincial fue calificado por la fiscal Mirta Moreno como una noche de “espiral
adrenalínica”, es decir, un abuso violento y sanguinario de los policías que no
podían saciar la sed de golpear a los jóvenes.
Cuando Julián Antillanca y Walter Torres vieron desde el boliche Ku cómo los policías Solís, Abraham y otros golpeaban en
las inmediaciones a los hermanos Sergio y Matías
Aballay, Torres arrojó una botella en repudio del accionar de los agentes.
Dos horas después, sería el propio Julián quien sufriría la golpiza: la testigo
Daiana Monsalvez aseguró ante el tribunal: “Lo estaban re golpeando”, y relató
que se trataba de tres policías varones y una mujer.
Según las pericias realizadas por
los forenses, Julián Antillanca murió por múltiples lesiones vitales provocadas
por terceros, y no por un coma etílico como sostuvo el primer informe policial
y la prensa el día posterior a su muerte.
La fiscal Moreno describió en
base a los testimonios cómo en el momento de la golpiza existía una suerte de
“distribución de tareas”: uno lo sostenía por la parte de la cabeza, otro en
las piernas mientras era golpeado con la tonfa (bastón que utilizan los agentes
policiales); por su parte, la agente mujer evitaba que se acercaran las
personas que transitaban por el lugar en esa madrugada. La mujer policía se
trata de Laura Córdoba, quien era la oficial superior de los policías Jorge
Abraham y Martín Solís, y bastaba sólo una orden de ella para frenar la brutal
golpiza que llevó a Julián a la muerte.
Una vez consumado el asesinato,
desde el jefe de la comisaría cuarta de Trelew, Carlos Sandoval, hasta los
agentes implicados, tramaron una coartada de encubrimiento: se arrojó el cuerpo
en las calles Patagonia y Rivadavia de la ciudad del valle para involucrar a
otras personas en su muerte, se ocultó pruebas fílmicas a la investigación
judicial y ajustaron un relato falso sobre los hechos que repitieron hasta el
último día del juicio. Por si fuera poco, como explicó el propio César
Antillanca, padre de Julián, el comisario Sandoval le aseguró el mismo día del
asesinato que la causa de la muerte fue un coma etílico y le comentó que tenía
“unos raspones en la nariz y en la oreja”.
Lo que Sandoval describió como
raspones concuerda en realidad con lo que describió la testigo Monsalvez y fue acreditado
por los forenses: las heridas de Julián son indicadores de sujeción, golpes de
botín, trompadas y golpes de tonfa. La conclusión es categórica: a Julián
Antillanca lo mató a golpes la policía.
Una vez asesinado, los policías
cargaron el cuerpo en el móvil 234 y lo arrojaron en la calle Patagonia y
Rivadavia, a pocos metros de la casa de la familia Amigorena quienes según otros
agentes de la comisaría cuarta tenían “un modus operandi” sospechoso. La
coartada era obvia: una vez que se descubriera la falsedad del coma etílico, se
buscaría involucrar a los Amigorena en el asesinato. Para desbaratar la
historia fue clave el testimonio de Jorgelina Domínguez, quien en esas primeras
horas de la mañana vio oculta desde la esquina cómo la policía arrojaba el
cuerpo sin vida de Julián, y posteriormente pudo identificar a Martín Solís
como el agente que se bajó para corroborar que nadie los veía (sin advertir
claro, a Jorgelina). El conductor del patrullero sería Pablo Morales, el único
de los imputados que fue absuelto ya que el tribunal entendió que no fue
identificado en ninguna de las circunstancias que van desde la golpiza hasta
que arrojaron el cadáver.
Los peritajes que se hicieron en
el patrullero arrojaron pruebas concluyentes: dentro del móvil policial 234 se
encontró rastros de ADN que concuerdan con el linaje de Julián Antillanca. El
testimonio de Jorgelina y las muestras genéticas prueban cómo se deshicieron
del cuerpo de Julián y cómo se orquestó el comienzo del encubrimiento.
Analizada las pruebas en juicio,
el tribunal compuesto por Darío Arguiano, Adrián Barrios y Marcelo Di Biase
resolvió condenar a cadena perpetua a los policías Jorge Abraham, Martín Solís
y Laura Córdoba por ser los autores materiales del homicidio calificado, y al
comisario Carlos Sandoval a tres años de prisión en suspenso por ser el
responsable de las tareas de encubrimiento.
Los jóvenes de bajos recursos en la mira
La abogada por parte de la
familia Antillanca, Verónica Heredia, en su alegato apuntó a la función y al
rol que cumple la policía. El diagnóstico es tenebroso: para la letrada el
crimen de Julián no puede desentenderse del contexto donde el sector social de
“jóvenes de escasos recursos” es víctima de persecución por la fuerza de
seguridad.
En ese sentido, Heredia también
se centró en el papel de encubridores que cumplió el resto de los agentes de la
comisaría cuarta tras el asesinato de Julián. “Fue un festival de los no me
acuerdo. Policías que vinieron a declarar y lo único que pudieron decir fue no
recuerdo, no se decirle”, se quejó ante el tribunal. Además, analizó que según
las declaraciones de los 26 agentes que estuvieron en el juicio, sabían
distinguir muy bien cuál era el sector social a controlar: para Heredia la
policía provincial es cómplice del estado de discriminación y desigualdad, ya
que fueron ellos quienes hablaron de “diferentes clases sociales” entre los que
asistían al boliche Ku o al boliche Místico en Trelew: “Ejercen sus funciones
controlando a esas clases sociales”, resumió la abogada en relación a los
sectores más postergados del que era parte Julián.
Además, Heredia analizó las
condiciones en las que trabaja la policía, que sin desligarle las
responsabilidades penales del caso, es “un caldo perfecto para la violencia” al
realizar el régimen de “adicionales” una vez que cumplen su horario normal de
trabajo, recargando niveles de stress y cansancio.
Por último, Heredia cerró su alegato
recalcando que los tribunales de Justicia son responsables de “la impunidad con
que se sienten” los que usando instrumentos del Estado se vuelven criminales.
La condena contra los asesinos de Julián podría ser el primer capítulo para
cambiar esa historia.
César Antillanca: “Para terminar con los abusos hace falta
decisión política”
El papá de Julián, César Antillanca, hizo un análisis sobre
lo que significó el juicio para Chubut. “En primer lugar hay que destacar que
con el fallo el Poder Judicial aceptó que lo que denunciamos los familiares y
amigos de Julián y el colectivo de organizaciones está sucediendo”, sostuvo en
referencia a los abusos de la policía con los jóvenes. Luego agregó: “En lo local
este fallo se puede transformar en jurisprudencia; pero para terminar con la
lógica de abusos se necesita decisión política por parte del Poder Ejecutivo.
Acá hay una lógica delictiva que no se acota a la institución policial sino que
tiene que ver con los poderes del gobierno”, sostuvo.
Finalmente, Antillanca opinó que el fallo condenatorio no
tiene que ver solamente con el análisis de las pruebas, sino que fue importante
las manifestaciones públicas de diferentes sectores, fundamentalmente en
contraste con el primer juicio donde la movilización pública era menor y se
terminó absolviendo a los imputados: “En este caso la justicia fue un proceso
social, que no sólo se dio en Trelew sino en toda la provincia”, opinó.