La ciudad del golfo
acumula una serie de problemas que se resuelven mucho más lento que el
crecimiento demográfico. De ser un pueblo de seis mil habitantes, hoy cuenta
con más de 80 mil, la ciudad se sigue extendiendo de manera precaria, falta infraestructura
y se resienten los problemas laborales de la pesca.
Puerto Madryn: cada vez más poblada y con mayores tensiones
sociales
En la intersección de las calles Marcos Zar y España, en el
centro de Puerto Madryn, una pared fue escrita con aerosol: “La tierra para el
que la necesita y la trabaja”. El grafiti delata uno de los problemas que la
ciudad del golfo arrastra desde mucho tiempo. Algunos permanecen latentes,
otros en manifiesto litigio entre los dueños de las tierras y los productores,
y también tensiones que permanecen más o menos ocultas en la fama local de un
lugar naturalmente privilegiado, publicitado internacionalmente por la visita
anual de la ballena franca austral, los cruceros turísticos y por ser uno de
los balnearios preferidos de la Patagonia.
Sin embargo, detrás de la cortina del turismo y el medio
ambiente no sólo la tierra es un bien salvajemente disputado; el crecimiento
demográfico de las últimas cinco décadas, la carencia de viviendas sociales, la
imposibilidad de llevar los servicios públicos básicos a nuevos terrenos, los
problemas laborales de la industria y de la pesca componen un cocktail explosivo que periódicamente
parece estar dando todos los indicios de estar por estallar. Los condimentos
aleatorios de este panorama son algunos indicios de xenofobia y discriminación
con los inmigrantes que llegaron a este lugar durante el siglo XX y continúan
llegando en la actualidad.
El año pasado, Puerto Madryn fue la localidad de Chubut que
contó con mayor cantidad de manifestaciones callejeras: trabajadores de la
pesca, de la construcción, de la industria textil, trabajadores del Estado
municipal, docentes y auxiliares de la Educación y productores porcinos
recorrieron las calles céntricas todas las semanas con suerte diversa. En ese
contexto, el mandatario local, Ricardo Sastre, escuchó personalmente cada uno
de los reclamos pero sinceraba su falta de atributos para dar solución de fondo
en la mayoría de los temas, fundamentalmente en la cuestión laboral de la
pesca.
La ciudad que más creció
La localidad portuaria es el centro urbano más atractivo
para los inmigrantes que llegan a Chubut, tanto de países limítrofes como de
otras provincias argentinas. Pero incluso esa preferencia se da entre los
migrantes del interior de la provincia. Ese crecimiento demográfico, que fue
marcando varios hitos en los últimos cincuenta años, es una de las razones
profundas para que esta ciudad cuente con un sumario de conflictos sociales sin
resolver.
Puerto Madryn fue la ciudad de Chubut que más creció en la
primera década del siglo XXI: se sumaron veinticinco mil nuevos habitantes
alcanzando un total de 82 mil personas. Incluso, está entre las diez ciudades
que más aumentaron su población en Argentina en el mismo periodo.
Aunque mayor que nunca, no fue la primera vez que se
registró un aumento poblacional tan importante: desde la década de 1970 a 1980,
pasó de ser un pueblo de 6115 habitantes a una ciudad de más de 20 mil (en ese
periodo Puerto Madryn se triplicó) y en la década siguiente se duplicaría y
llegaría a nada menos que 45 mil personas. El diagnóstico de Puerto Madryn es
unívoco: una ciudad de rápido y constante crecimiento.
Pero a todo ese vértigo demográfico también crece la demanda
de una infraestructura urbana que vaya dando respuestas en plazos más o menos
aceptables. Según el censo poblacional del año 2010, la ciudad cuenta con 24
mil hogares, de los cuales más de dos mil (8,7 por ciento del total) eran
familias con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) . Hacia el oeste del casco
urbano histórico, las usurpaciones de terrenos ocupan una proporción de casi
dos tercios de extensión geográfica de lo que es el resto de la ciudad.
En el análisis fino de los datos demográficos, Puerto Madryn
revela otro aspecto singular y que demanda un proyecto de ciudad tan necesario
como la propia infraestructura urbana: cuenta con el mayor porcentaje de niños
y adolescentes de la provincia. Ignorar esto podría resultar en otro conflicto
social en el futuro más o menos cercano.
A mediados del año pasado, la gestión del intendente Ricardo
Sastre realizó un empadronamiento en cada uno de los barrios para conocer la
demanda exacta de viviendas y terrenos sociales en Puerto Madryn. Los tres mil
demandantes confirmaron las sospechas del mandatario, y con las carpetas llenas
de planillas, Sastre viajó a Rawson para que la provincia también sea
responsable de tamaña demanda.
Sin embargo, la solución no es simple: alrededor de la
ciudad en casi un ochenta por ciento de las tierras en manos privadas
pertenecen a una sola firma que, según al entender del propio intendente,
buscan especular con el valor de la tierra para sacar réditos extraordinarios.
Mientras tanto, las usurpaciones se consolidan y se extiende un gran manto de
construcciones informales.
El empadronamiento sirvió en varios sentidos: permitió tener
un diagnóstico cabal de la situación social de Madryn y como demostración de
fuerza para que el mandatario local pueda pelear por los recursos. Sin embargo,
esto mismo terminó por ser un bumerang para la administración comunal y el
propio Sastre: la expectativa por conseguir tierras para construir su propia
vivienda sigue siendo hasta hoy uno de los factores más difíciles de
satisfacer: al empadronarse, los madrynenses creyeron que el sueño de un
terreno o de una casa estaba mucho más cerca.
Por otro lado, algunos de los madrynenses “nacidos y
criados” manifestaron públicamente en los medios gráficos y radiales de la
ciudad su disconformidad por no tener privilegios a la hora de decidir a quién
se tendría que favorecer prioritariamente. Puerto Madryn es una ciudad donde
los “NyC” conforman una minoría –en algunos casos pretensiosa—que despierta
rencores de origen y también expresiones xenófobas. Durante los días del
empadronamiento, esos sentimientos se exacerbaron.
Una gran cantidad de nuevos habitantes llegaron de Bolivia y
Perú, quienes conforman un colectivo activo y organizado, y son en casi un ciento
por ciento personas con la ciudadanía argentina legalmente adquirida. Pero también
se da una intensa migración desde otros puntos del país y del interior de la
provincia.
La disputa por la tierra
A partir de acuerdos políticos de coyuntura, una orden
judicial de desalojo a los productores porcinos de la ciudad se encuentra
suspendida. Simultáneamente, el Concejo Deliberante, la administración
municipal y la empresa San Miguel (dueña de los terrenos “usurpados”) trataron
de llegar a un acuerdo para que las tierras queden finalmente en manos de los
productores. En los últimos cuatro meses no hubo acuerdo y tendió a dormirse en
los cajones de concejales y de funcionarios que saben que en el fondo es un
fierro caliente.
La ocupación de las tierras donde hoy se concentra la
producción porcina que abastece bajo normas de salubridad y comercio a la
propia ciudad del golfo se produjo hace ya más de veinte años. Se ubican en un
sector conocido como Barda dos, encajadas contra la ladera de cerros que
cierran la zona urbana y la cuadricula de la ciudad. Son terrenos de baja
utilidad pública para el desarrollo urbano: terrenos con zanjas y quebradas que
no permiten, por ejemplo, pensar en un plan de viviendas.
Los más de treinta productores también están organizados:
realizaron su propio censo para determinar quiénes son las personas que de verdad
tienen animales porcinos, aves de corral y se dedican a la actividad
productiva; manifestaron su voluntad de pagar por los terrenos a un precio
razonable, y en todo caso están dispuestos a irse a otros terrenos para llevar
su medio de sustento económico, con el mismo compromiso de pagar por el nuevo
espacio. La coartada de los productores juega a favor de ellos.
Norma Carabajal explicaba que sus hermanos tienen una
producción de chanchos hace quince años: “Nosotros no queremos que nos regalen
nada, queremos pagar por el terreno pero tampoco que se pasen de vivos. Sabemos
que estas tierras no son una fortuna”, explicó a este cronista. Además, aclaró
que lo que más les preocupa “es que lleven adelante el desalojo y no sepamos
dónde dejar nuestros animales que es lo único que tenemos”.
El último ofrecimiento público para saldar este problema
vino de la empresa San Miguel, titular legal de estas tierras que sin la
producción porcina serían absolutamente ociosas. En principio pidieron un
intercambio por tierras en zonas más favorables y una condonación impositiva
por más de veinte años. Para los concejales de la oposición local esto fue
inaceptable; y el propio intendente Ricardo Sastre aseguró que era una burda
“especulación” por parte de San Miguel.
Hasta el momento, la situación sigue igual que en mayo del
año pasado: la orden de desalojo está en suspenso, los productores continúan
trabajando sin certezas de qué puede pasar mañana, y la ciudad abasteciéndose
de la producción de los chancheros. Los más de treinta productores solo esperan
que no se repita en sus terrenos el amedrentamiento con la presencia de la
guardia de infantería y las máquinas viales dispuestas a avanzar sobre sus
casas y corrales como ocurrió el año pasado.
Carencia de servicios públicos
Además de que un altísimo porcentaje de las tierras que
rodean a la ciudad están en manos de pocos, se suma otro obstáculo no menos
complejo: la falta de extensión de los servicios públicos como agua, gas y
electricidad a las zonas susceptibles de extenderse la ciudad.
El intendente Sastre gestionó ante la provincia y el
gobierno nacional la extensión de las redes, pero va llegando a cuentagotas.
Por otro lado, unos viejos terrenos que pertenecían a la Armada Argentina hoy
son del IPV (organismo provincial de Vivienda) y recién este año empezarían
avanzar las zanjas para llevar los servicios y se trazarían las primeras
calles.
Los concejales y funcionarios saben que de crecer, la ciudad
tendría que hacerlo hacia el sur; ya que el eje este oeste está cerrado por el
golfo y la zona de bardas, y hacia el norte serían proyectos inmobiliarios de
otras características. Sin embargo, la imposibilidad de extender la
infraestructura vital básica redunda en otro cuello de botella para responder a
la sideral demanda de tierras y viviendas sociales que tiene Puerto Madryn.
La actividad pesquera en crisis
Los madrynenses tienen internalizado un eslogan: si los
trabajadores de la pesca no cobran la ciudad comercialmente se hunde. Ese
principio no tiene un ápice de exageración. La actividad productiva que
sostiene la vida urbana y comercial de la ciudad portuaria no es en esencia ni
el turismo ni la producción de aluminio, sino el consumo promedio que hacen
miles de trabajadores pesqueros y de las plantas de tratamiento de la materia
prima.
Sin embargo, recurrentemente la pesca enciende alarmas en
cuanto a lo laboral. Hace casi tres años que la empresa pesquera (Harengus)
tiene la puerta cerrada y continua el proceso de quiebra; por si fuera poco, el
año pasado se sumó la principal empresa del sector: Alpesca. Durante todo este
periodo que Harengus estuvo en proceso de quiebra, la empresa fue camino al
desmantelado: se busca subastar las embarcaciones y al mismo tiempo el gobierno
provincial ensayó algunos vericuetos legales para tratar de que retome la
producción. Todo fue infructuoso.
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| Nota publicada en El Extremo sur, edición 134 (Enero de 2014) |
Por si fuera poco, Alpesca desembocó en una crisis parecida,
aunque agravada por condimentos espurios que lo hacen aun más suspicaz. Son
1200 trabajadores que hasta que se resuelva la situación, la provincia del
Chubut abonará dos mil pesos mensuales, mientras tanto se cayeron tres
propuestas de compra de la empresa por parte de inversores extranjeros. En el
medio, todos indicaban que el dueño de la empresa era Omar “Cura” Segundo, un
ex estivador portuario que se hizo famoso en todo el país tras el programa de
Jorge Lanata sobre el narco escándalo, luego de que se hallaran más de 100
kilos de cocaína en Poseidón, otra empresa pesquera de la ciudad y manejada por
Segundo.
Del mismo modo, la empresa Moliendas del Sur no escapa a las
generales de la ley: la planta productora de harina de pescado se encuentra con
una actividad irregular desde hace tres años, y fue más el tiempo que
permaneció cerrada que en actividad, trayendo aparejado además serios problemas
ambientales por la falta de procesamiento de los deshechos de pescado. La
empresa involucra 30 trabajadores de planta más los operadores de transporte.
En suma, la principal actividad productiva de Puerto Madryn,
redunda en una espada de Damocles en el rompecabezas que amenaza la situación
laboral y los problemas sociales más calientes.
