Para Svampa el gobierno nacional no
quiere discutir la minería sino imponer un modelo
En la inauguración de la cátedra abierta de Estudios Urbanos
y Territoriales, que se da en la sede de Trelew de la Universidad Nacional de
la Patagonia, la socióloga Maristella Svampa analizó críticamente la promoción
de los proyectos mineros en Argentina y América Latina, y sostuvo que se abre
“un nuevo ciclo de violación de los derechos humanos contra la comunidades”.
El objetivo de la cátedra abierta es convocar a diversos
actores sociales para debatir la organización territorial de la región y en una
segunda instancia desembocar en la elaboración de un Plan Urbano Estratégico de
Desarrollo para la ciudad de Trelew. Precisamente, la primera exposición del ciclo de
extensión universitaria que se realizó el último viernes se basó en debatir las
transformaciones regionales que implican los proyectos megamineros, tema que
está en la agenda pública de muchas provincias incluyendo a Chubut, que impulsa
la discusión legislativa de un marco regulatorio. Para la investigadora del CONICET, el desarrollo de este tipo de actividad económica sostiene implícitamente que hay territorios “sacrificables”, que antes se consideraban improductivos: “La megaminería es la forma extrema que sintetiza el despojo de los recursos, de la corrosión institucional y de la depredación ambiental. Además es un modelo de ocupación de territorios, donde los Estados pierden su soberanía y son controlados por grandes empresas multinacionales que muchas veces tienen más poder económico que las propias provincias”.
En referencia al gobierno nacional, la disertante opinó que “no se quiere debatir la minería sino imponer un modelo; la presidenta propuso discutir seriamente el tema y acto seguido creó la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros) que es el organismo interprovincial encargado de promover los proyectos extractivos que se desvinculan de las sociedades y ponen en peligro la continuidad de otros recursos como la ganadería, la agricultura, el turismo y el resto de las economías regionales”.
“Hay que democratizar el proceso de decisión colectiva pero en un marco de simetría, de igualdad. Hoy eso no existe entre las empresas que pueden comprar medios de comunicación y consultoras que realizan los estudios de impacto ambiental contra el esfuerzo de las comunidades que se autoconvocan, organizan y resisten”, dijo luego de la exposición ante una pregunta de El Diario de Madryn sobre la “licencia social” que contempla el marco regulatorio que impulsa el gobierno provincial. En cuanto al referéndum de Esquel, que en el 2003 el 80 por ciento de los ciudadanos se opuso a la minería, Svampa dijo que ese acontecimiento histórico “descolocó a las corporaciones” pero que igualmente “siempre van a proponer volver, intentar avanzar con el mismo discurso del desarrollo”.
En el cierre de su disertación, sostuvo que más allá de las diferencias ideológicas entre los gobiernos de América Latina actualmente “no se trata de entender si se definen como liberales o progresistas porque en el fondo todos son extractivistas. Los gobiernos han aceptado pasivamente ser meramente exportadores de naturaleza”.
