El FMI vigila la economía y el ejército sale a las calles El país tiene uno de los peores índices socioeconómicos de Latinoamérica y comparte con El Salvador la tasa de criminalidad más alta de América Central. En medio de la disputa política entre zelayistas y el nuevo gobierno del conservador Partido Nacional, el alto crecimiento demográfico pone en jaque el sistema educativo y acentúa la pobreza de una población mayormente rural.
En Honduras se presiente que el movimiento golpista ha logrado sus objetivos. Mientras se traba la vuelta al país del presidente derrocado Manuel Zelaya, el FMI custodia la marcha de la economía y el presidente Porfirio Lobo autorizó al ejército a salir a las calles para frenar la delincuencia. “Los sectores conservadores han acomodado el país a sus intereses“, reflexiona Manuel Juárez Aguinaga estudiante universitario.
A pesar de que casi todas las paredes de las principales ciudades se pintan con consignas opositoras, las fuerzas sociales que pugnan una normalización institucional se han ido diluyendo con el paso del tiempo. En junio se cumplirán dos años del golpe de Estado y en enero se cumplió un año del nuevo gobierno elegido tras la asonada militar. A esta altura, el presidente Lobo ha logrado recomponer las relaciones exteriores con Estados Unidos, los organismos financieros y se cree que a mitad de año normalizará sus relaciones con la Unión Europea y la OEA. En síntesis, para una buena parte de la comunidad internacional, Honduras vuelve a ser considerado un país democrático.
Con ese aval, la semana pasada Porfirio Lobo realizó una gira de 10 días por el continente asiático en busca de acuerdos de colaboración con Corea del Sur, Singapur y Kuwait. Con la excusa de estudiar el desarrollo de las “ciudades modelo” un contingente de 40 personas entre funcionarios y empresarios acompañaron al mandatario, cuestión que despertó críticas hasta en los sectores liberales y conservadores, partidarios de la actual administración. Según el cálculo de algunos diarios hondureños, el viaje habría costado poco menos de 300 mil dólares, un gasto para nada despreciable en un Estado que se propone ahorrar en todos sus ítems, incluso ahorrando el combustible que queman los vehículos oficiales de la presidencia.
A su vuelta, el presidente tenía una cargada agenda: recibir a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional para estudiar la marcha de la economía y anunciar la intervención del ejército hondureño para combatir la criminalidad.
La reunión con la comisión del FMI fue la primera de una serie de cinco revisiones en las que se analiza la aplicación de los tradicionales planes de ajuste. En esta ocasión, el gobierno hondureño cumplió con el gradual proceso de reducir el gasto público para así continuar recibiendo los desembolsos del organismo financiero.
Además, luego de una multitudinaria marcha convocada por organizaciones civiles y religiosas en contra de la violencia, Lobo resolvió que el ejército se sume a las tareas de patrullaje de la policía en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Comayagua. Según el gobierno, la intervención militar en las calles de las principales ciudades era una “demanda de la sociedad“. En el mismo sentido, los tres poderes del Estado han resuelto acelerar el proceso penal y endurecer las penas para los delitos contra los miembros del Poder Judicial, periodistas, autoridades eclesiásticas y todas las personas que trabajen en la investigación de lo que se denomina “crimen organizado”.
Más allá de este cuadro, la Resistencia zelayista realizó la semana pasada su primera asamblea y resolvió que no participaran en la vida electoral hasta que no se den las condiciones, aunque resaltaron continuar en la disputa política: “Algo difícil de entender para la mayoría, acostumbrada a decidir sólo a través del voto“ asegura el periodista Rubén Escobar (Ver entrevista). Para el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) la condición primordial es permitir el regreso de Manuel Zelaya a Honduras y que pueda seguir actuando políticamente. Además, demandan el llamado a una constituyente que modifique la actual carta magna del país centroamericano.
La convocatoria a una constituyente es un punto sensible. El golpe militar del 2009 se dio luego de que Zelaya intentara llevar a cabo una consulta popular para que la gente se expresara a favor o en contra de una modificación constitucional. Fue a pocas horas de la votación que los militares secuestraron y enviaron a Costa Rica a Zelaya y entregaron el poder al entonces presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti.
Mientras Zelaya no pueda regresar a Honduras, su esposa, Xiomara Castro, hace de vocera del ex presidente y llamó a la unión de las fuerzas opositoras al golpe y reclamó que se posterguen las discusiones sobre eventuales candidaturas.
Los antizelayistas también se hacen escuchar. Carlos Medina es empresario hotelero y afiliado al Partido Nacional y está convencido de que en su país no hubo un golpe de Estado, sino una destitución ajustada a la ley constitucional: “El problema hondureño es que se dividió la sociedad entre los que están en la “Resistencia” y a todo el resto se los denomina “golpistas“. Pero yo no me considero golpista, me ofende que me lo digan”.
El presidente Lobo prefiere cortar por lo sano. En cuanto a los hechos de junio del 2009 reconoce que se trató de un golpe; sin embargo se le critica que hace poco y nada para enjuiciar a los responsables políticos como también a los miembros de las fuerzas armadas que actuaron en la represión de los manifestantes. Desde las primeras horas que se decretó el estado de sitio tras el derrocamiento de Zelaya, murieron cinco manifestantes en diversas concentraciones opositoras al golpe.
Bomba de tiempo
Más allá de la vida institucional, Honduras padece una de las peores realidades socioeconómicas del continente. El martes pasado el diario Heraldo, uno de los más tradicionales y conservadores del país, remarcaba las deficiencias educativas y la desnutrición.
Por cierto, más de la mitad de la población hondureña es aun rural, dedicada a una economía de subsistencia. Se cree que de ese total al menos el 75 por ciento está por debajo de la línea de pobreza. La desnutrición crónica afecta al 25 por ciento con picos de 32 por ciento en le región seca del sur. Los índices tienen un agravante: la población hondureña es una de las que más crece (2,4 por ciento anual), es una población repleta de niños (una familia tipo cuenta con al menos 6 miembros).
La seguridad social no se ajusta a su realidad. El promedio de salarios es apenas del 30 por ciento de lo que cuesta una canasta básica.
La situación de extrema pobreza y ruralidad repercute en el resto de los indicadores: la educación y las altas tasas de criminalidad. Según el Instituto Nacional de Estadísticas hondureño, menos del 60 por ciento de los jóvenes de 5 a 18 años tienen acceso a un centro educativo. Las tasas de analfabetismo --población que no sabe leer y escribir- supera el 20 por ciento en las zonas rurales y más del 5 por ciento en las áreas urbanas. Entre los jóvenes desertores, la encuesta realizada por el organismo destaca que el 35 por ciento lo hace por problemas económicos, entre ellos la falta de recursos para comprar los materiales escolares y la urgente necesidad de salir a trabajar en los primeros años de la adolescencia.
Por si fuera poco, desde el año 2009 Honduras está al tope del ranking de criminalidad en América Central: 67 homicidios cada 100 mil habitantes (la tasa promedio mundial apenas supera los 7 homicidios cada 100 mil).
En Honduras hacer previsiones a futuro es un tema tabú. Nadie quiere pensar qué puede ser del país en los próximos años. “Esto es un infierno todos los días. No sabemos qué será mañana mismo”, cuenta Sonia Maldonado Ante, una de las que conforma el grueso de jefas de hogar mujeres de Tegucigalpa. Es que mientras la disputa política se resume a la vuelta o no de Manuel Zelaya, cuestión vital para que el país se acerque a una plena libertad democrática, los índices socioeconómicos desnudan la realidad de uno de los países más pobres del mundo.
Lucas Britapaja
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Rubén Escobar
“El golpe significó un atraso de 28 años”
El periodista hondureño analiza la situación de su país: asegura que la democracia está “secuestrada”, critica a los miembros de la Resistencia que quieren sacar un provecho político de la situación y que el gobierno de Porfirio Lobo retomó las políticas neoliberales.
Cuando el 28 de junio del 2009 un comando del ejército hondureño secuestró y deportó al entonces presidente Manuel Zelaya, los medios editorialmente opositores al gobierno centroamericano acompañaron los acontecimientos con un cerco informativo que maquillaba la situación política, negando que lo ocurrido en el país se trataba de un golpe de Estado. El diario Tiempo de San Pedro Sula, la segunda ciudad en importancia del país, fue una de las excepciones, mantuvo una posición crítica sobre el golpe y ahora sobre la supuesta flamante democracia que vive Honduras. Rubén Escobar, el editor de noticias del diario, está convencido que la débil economía de su país los hace dependientes del FMI.
A un año del gobierno de Porfirio Lobo y a más de un año y medio del golpe contra Zelaya: ¿Qué democracia se encuentra hoy en Honduras?
Honduras sigue siendo una democracia secuestrada. Unos pocos tienen todo el dinero y el poder, mientras la mayoría somos pacíficos espectadores a quienes convocan a elecciones cada cuatro años, y allí vamos como borregos al matadero. Hace unos meses se pretendió crear un esquema para facilitar la puesta en práctica del plebiscito y referéndum, el equivalente a la consulta popular que pretendió hacer Manuel Zelaya, pero al final se deja la potestad de convocarlo a los diputados, es decir a los mismos de siempre. Seguramente estos convocarán a consulta sólo lo que les interese.
Hay una sensación pesimista de que los golpistas finalmente han conseguido sus principales objetivos.
En definitiva esa es la sensación que queda si vemos los hechos alejados de la retórica. Para el caso los financistas del golpe, que son dueños de medios de comunicación, bancos, maquiladoras y otras grandes empresas, siguen afianzando la idea de que Honduras es su hacienda, de la que pueden disponer como quieran. Son los grandes señores, intocables, a quienes nadie les puede decir nada; sólo las paredes, los grafitis, que los señalan cuando pasan en sus camionetas blindadas.
¿Todas las estructuras del Estado responden a los mismos intereses?
Sí. En el campo de la justicia vemos que el presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, y el Fiscal General, Luis Rubí, que fueron nombrados por Roberto Micheletti cuando este era presidente del Congreso Nacional, siguen en esos cargos para defender intereses de los golpistas y cada vez que se habla de suspender los cargos contra Manuel Zelaya comienzan a amenazar a medio mundo y a argumentar que nadie está por encima de la ley. Claro, pero ellos fueron los mismos que corrieron a sobreseer a militares que violaron los derechos humanos. Y por si fuera poco, tenemos a Romeo Vásquez Velásquez, el general que consumó el golpe de Estado, como gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones. Una empresa clave porque maneja la telefonía fija y el Internet de una gran parte de la población. Entonces, los golpistas tienen copadas todas las piezas para mantener el status quo.
A su entender, ¿Por qué en Ecuador se pudo evitar el golpe y en Honduras resultó irreversible?
Creo que en nuestras sociedades subdesarrolladas el apoyo de las Fuerzas Armadas sigue siendo vital para mantener el poder, lo cual es lamentable. En Ecuador los militares se mantuvieron al lado de su presidente, en Honduras traicionaron al pueblo y al mandatario. El darle a los militares la facultad de ser el punto de equilibrio muestra lo débil que son nuestros políticos, incapaces de defender la democracia. Para nosotros el golpe, en lo político, significó un atraso de 28 años, cuando salimos de las dictaduras militares.
Si se diera el escenario más favorable, ¿cuándo se daría una “democracia normal” en el país? ¿En el 2013 quizás?
Lo que sucede es que seguir teniendo una democracia “normal” en Honduras significa seguir hundiéndonos en la pobreza y marginación, porque eso es lo que nos han dado los políticos hasta ahora. Aquí urgen cambios radicales que nos conduzcan a una democracia real, pero los que pueden ejecutar esos cambios están demasiado cómodos como para desearlos.
¿A quién y por qué no le conviene la presencia de Mel Zelaya en Honduras?
Creo que la oligarquía que reprime al pueblo teme que de volver Zelaya se organice una fuerza capaz de aplicar verdaderas reformas políticas y financieras y que sacuda un poco las viejas estructuras, que datan desde la Colonia. Esas fuerzas que organizaron el golpe, ahora están aglutinadas en organizaciones que emiten anuncios por la radio para seguir sembrando el odio y a través de voces anónimas piden cárcel para Zelaya cada vez que se habla de su posible retorno.
Al día de hoy, luego de celebrar su primera asamblea: ¿Cuál es la fortaleza política y social de la Resistencia?
La sociedad hondureña, especialmente en su base es muy desorganizada, con excepción de los maestros y algunos sindicalistas, que serían la base de su fuerza política. Pero, visto desde afuera, creo que hay mucho trabajo por hacer.
¿El tiempo atenta contra el Frente de la Resistencia o ahora se inaugura una nueva etapa de la lucha política, quizás menos movilizada, y sí más organizativa?
En su momento miles llegaron a participar en las manifestaciones de la Resistencia, pero al paso del tiempo se tiene la sensación de que algo se ha ido diluyendo porque no se tiene claridad en los objetivos que se persiguen. Ahora la asamblea de la Resistencia decidió que se participaría en política, pero no en elecciones, algo difícil de entender para la mayoría, acostumbrada a decidir a través del voto. Miles aquí estaríamos dispuestos a ir a las urnas para respaldar un proyecto políticos de la Resistencia, pero nos niegan esa posibilidad.
Algunos medios han hecho hincapié en ciertas diferencias en la primera asamblea: ¿Las divergencias son fundamentales, hay alguien que quiere sacar algún provecho político o electoral? ¿O sólo se trata de una lectura interesada por los medios que están en la vereda opuesta a Zelaya?
En Honduras se tiene la sensación de que todos quieren sacar provecho político-electoral. La gente ya no confía en nadie e incluso ahora para que la gente vaya a las manifestaciones políticas de los partidos tradicionales hay que ofrecerles 100, 200 ó 500 lempiras y un plato de comida. Por otro lado se tiene la sensación de que la dirigencia de la Resistencia ha sido excluyente y ha bajado del barco a todos aquellos que no siguen cierta línea de pensamiento y eso es malo cuando quieres hacer crecer un movimiento.
Porfirio Lobo ha intentado mostrarse ajeno al golpe de Estado: ¿Es una posición verdadera o sólo una simulación?
Lobo es un político inteligente. Tras el golpe de Estado comprendió que el pueblo sentía repugnancia por los golpistas, así que nunca se declaró a favor de ellos, aunque tampoco abiertamente en contra. Antes del golpe él perdía en todas las encuestas electorales, pero como su principal contendor fue uno de los participantes del golpe, las cifras se revirtieron. Sin embargo, toda la estructura de su partido en el Congreso Nacional votó a favor del golpe. Él se sigue alejando de esa imagen negativa porque sabe que en esa dirección encontrará el apoyo financiero y político de otras naciones, que ya se lo han hecho ver, como es el caso de Brasil.
Más allá de la situación irregular de la democracia hondureña: ¿Qué méritos ha tenido Porfirio Lobo para recomponer las relaciones exteriores?
En sus declaraciones públicas se muestra conciliador y llegó a reconocer, estando en España, que lo sucedido el 28 de junio de 2009 había sido un golpe. Y pese a los desplantes que le han hecho otros países al no invitarlo a importantes cónclaves internacionales, su postura siempre ha sido mesurada, a diferencia del dictador Micheletti, que siempre fue altanero, bocón y confrontativo, como niño caprichoso, ante la negativa de los países a reconocerlo.
¿Qué rol cumple Estados Unidos en este momento?
Después del papel gallo-gallina que jugaron durante el golpe de Estado, ahora están tratando de hacerse menos visibles, aunque parecen obvios sus esfuerzos y declaraciones en el sentido de que quieren ver a Honduras reintegrada a los organismos internacionales, como la OEA, dando a entender que aquí no ha pasado nada.
Usted dijo que se ha regresado a los tiempos en que ser de izquierda es una herejía. Del golpe a la fecha: ¿Cuál es la situación respecto a los derechos civiles y políticos en Honduras?
La situación está peor que nunca. La ultraderecha está utilizando a los medios de comunicación para sembrar el odio. Es fácil escuchar a periodistas pagados despotricar contra quienes opinan diferente. El país está sumido en una ola criminal, en medio de la cual han muerto muchos opositores al golpe y defensores de los derechos humanos, pero sus decesos son visto como una cifra más de la delincuencia común “que afecta a todos”.
Para entender mejor la coyuntura: ¿Cómo se configura el sistema de medios en Honduras?
En los medios se refleja claramente el concepto de grupos de poder. Uno de ellos está conformado por un poderoso bloque de canales de televisión, dos emisoras que cubren todo el país y tres diarios. Todos ellos apoyaron el golpe de Estado y lo siguen haciendo, incluso hay pruebas de que algunos lo financiaron. Pareciera que estos medios tienen alianzas de cobertura, de modo que cuando inician una campaña todos hablan de lo mismo y dan la apariencia de que su verdad es todo lo que hay, pues copan todos los espacios.
El periódico Tiempo ha sido uno de los pocos que ha mantenido una línea editorial opositora al golpe y al gobierno de Lobo.
En realidad lo que Tiempo ha hecho es practicar el más simple y puro periodismo, que te permite llamar sus cosas por su nombre y dar a cada quien el espacio apropiado para que defienda sus argumentos. En las páginas del diario encontrás artículos de personajes que siguen despotricando contra Zelaya, pero también de ex funcionarios que estuvieron hasta el último día de su gobierno.
El gobierno creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿Es optimista respecto a sus resultados y qué implicancias jurídicas podría traer?
Al menos en sus declaraciones, el coordinador de esa Comisión, el guatemalteco Eduardo Stein, se ha mostrado ecuánime e interesado en escuchar todas las versiones. Creo que el documento que generen va a ser muy revelador pero no creo que el sistema judicial hondureño pueda utilizarlo para castigar a los perpetradores del golpe o a los violadores de derechos humanos, porque no existe la voluntad para hacerlo.
¿Cuáles son las principales dificultades institucionales y sociales de Honduras? Dentro de las institucionales podemos señalar la inseguridad física y jurídica derivada de una Corte Suprema de Justicia y unas fuerzas policiales afectadas por la corrupción y el crimen organizado. Los magistrados de la Corte y el titular de la Fiscalía son nombrados por el presidente del Congreso Nacional por lo que estos responden muchas veces a intereses oscuros que se derivan desde el Legislativo. Por otra parte, el ministro de Seguridad Oscar Álvarez, ha reconocido que sus fuerzas están infiltradas por el narcotráfico y esto tiene muchas ramificaciones que afecta a toda la sociedad.
Teniendo en cuenta la importancia que el FMI tiene para el nuevo gobierno y la prioridad a las políticas empresariales por sobre las sociales: ¿Se puede hablar de una restauración neoliberal en Honduras? Definitivamente, y sobre todo durante los gobiernos del Partido Nacional, que es el de Porfirio Lobo, los mandatos de los organismos financieros internacionales son La Biblia. De hecho este gobierno sólo tenía dos meses de haber asumido el poder cuando nos aplicó el primer “ajuste estructural de la economía”. Ahora mismo el FMI está en Honduras y los funcionarios han corrido a decirle que estamos cumpliendo el acuerdo “stand by” que se había firmado previamente. Y es que se debe reconocer que en una nación tan pobre económicamente ya no se puede vivir sin el dinero que nos suministran, pues buena parte del presupuesto se fundamente en esos desembolsos.
Lucas Britapaja
