18 de noviembre de 2015

Violencia policial en Chubut

LA COBERTURA DEL JORNADA Y EL CHUBUT ANTE LA MOVILIZACIÓN DE LOS POLICÍAS CONDENADOS

El periodismo y sus encrucijadas
Jornada se convirtió en vocero del "malestar" policial
La violencia policial es uno de los temas más urgentes de la democracia, y por cierto desde 1983 hasta la fecha ningún gobierno ha avanzado sobre este lastre de plomo que tiene raíces en una sanguinaria tradición: represión a los sectores obreros-sindicales y a los jóvenes y estudiantes en todo el siglo XX pero fundamentalmente en la última dictadura. El gatillo fácil y las variantes de violencia de las fuerzas policial 
es es hoy un tema tabú para la clase política pero también para los medios de comunicación que algunos llaman “hegemónicos” y otros “del sistema”. Para tratar de romper el consenso tácito sobre esa idea del “Algo habrán hecho” con el cual se justificaban los peores tormentos o desapariciones y que aún está vigente, El extremo Sur entrevistó a María del Carmen Verdú, abogada de la Comisión contra la Represión policial (CORREPI), Fabián García miembro de la Comisión contra la Impunidad en Trelew y a la docente de Comunicación Social de la Universidad de la Patagonia, Ana Mariel Weinstock, para tratar de ayudar a pensar el rol y las prácticas del periodismo frente a este accionar criminal de la policía que tiene como principal víctima a pibes de los sectores urbanos periféricos.

La campaña duró varias semanas e incluyó desde la cobertura de manifestaciones, anticipos y hasta largas entrevistas a página entera o doble página
Luego de las condenas a los agentes que mataron a Julián Antillanca en el año 2010, familiares y amigos de los condenados (incluso condenados con prisión en suspenso como el ex comisario Carlos Sandoval) se movilizaron por Trelew y Madryn exigiendo revertir el fallo del tribunal y por otro lado enviar un mensaje a la Justicia y a las instituciones: Chubut registra una decena de casos de violencia policial, muertes sospechosas y tormentos en comisarías que aún esperan ser juzgados; por eso mismo miembros y allegados a lo que denominan la “familia policial” desean condicionar la continuidad de los juicios.
En ese marco, los dos principales diarios del noreste de Chubut dieron una generosa cobertura y replicaron frases como “enojo en la policía”, lo que sin hacer muchas cuentas tiene un claro mensaje mafioso para que lean jueces y responsables políticos encargados de juzgar y dirigir las fuerzas de seguridad. A nadie se le escapa lo que significa el “enojo” de un sector como la policía siendo que tiene el monopolio de la fuerza del Estado. Además, ningún otro tipo de condenado por un tribunal ordinario goza del beneplácito mediático como tuvieron en este caso los cuatro policías que mataron a Julián Antillanca. En ese sentido, tanto Jornada como El Chubut presentaron los hechos con un matiz indulgente que por lo menos condiciona la construcción de una Justicia igualitaria y deja cautiva a las instituciones democráticas ante el poder de represión que tienen las fuerzas policiales.

El tratamiento de El Chubut fue más que indulgente con los condenados
La “objetividad”: lo ideal, lo real y lo posible

En síntesis, además de una marcha en Trelew acompañado de pintadas y pasacalles en las tres principales ciudades del noreste chubutense, la movida de sectores afines a la policía incluyó el acompañamiento de los diarios El Chubut y Jornada: no sólo en anticipar la convocatoria y cubrir las manifestaciones con una ubicación, fotografías y espacio de privilegio en las ediciones impresas, sino incluso replicando en redes sociales e incluyendo una extensa entrevista a Carlos Sandoval, quien era el jefe de la comisaría cuando mataron a Julián Antillanca y sobre quien pesa una condena en suspenso por encubrir el crimen.
El Chubut omite en el epígrafe que en la marcha había un policía con condena en suspenso por la muerte de Julián Antillanca (Carlos Sandoval, en el círculo rojo).
La primera pregunta que surge es si la pretensión de objetividad que tiene el periodismo es una justificación para equilibrar a la víctima junto a sus verdugos, sin contextualizar y sin repudiar la violencia cometida por un funcionario del Estado. En ese sentido, para María del Carmen Verdú, abogada que representa a CORREPI en numerosos juicios de gatillo fácil, la enorme visibilidad que obtienen las fuerzas policiales organizadas y movilizadas no es casual, sino que obedece a la política editorial de los medios “del sistema”: “Chubut no es una isla: en muchísimas ocasiones se han organizado ese tipo de marchas de apoyo a represores, y siempre tienen una cobertura envidiable”, y agregó como ejemplo un contrapunto: “No creo que para los jefes de redacción sea un problema moral o ético darles visibilidad o no, como así tampoco lo es cuando deciden silenciar las luchas”.
Por su lado, la docente Ana María Weinstock liga el concepto del ideal de libertad de expresión con la “teoría de los dos demonios”. “Esto es un coletazo de una idea colectiva, sedimentada que consiste en equiparar subversión con Estado represivo y que hoy de otra manera continúa. Entonces ahora también hay dos extremos equiparables y eso siempre depende de cómo marques la cancha porque en base a esa teoría te sirve para justificar la represión cuando en realidad no son equiparables, de ninguna manera”, analiza Weinstock sobre la división entre policía represora y las victimas como Julián Antillanca.
Además, Fabián García, miembro de la Comisión contra la impunidad de Trelew cree necesario marcar la diferencia entre lo ideal y lo que realmente pasa día a día en una redacción como así también diferencias al periodista redactor y a los responsables editoriales de los medios de comunicación. Según García, los redactores están condicionados no sólo por su carga laboral (en los medios de comunicación de Chubut las reducidas plantillas de periodistas no permite que un redactor pueda especializarse en un tema, investigar a fondo ni hacer la continuidad de un acontecimiento), además de las relaciones institucionales que los mismos periodistas y sobre todo los editores tienen con responsables policiales: “El periodista previamente le debe favores a la policía, desde un off the record hasta una llamada oportuna avisándole que se va hacer una detención importante. Digamos, hay un montón de elementos que atetan contra el periodista al momento de ejercer su profesión. Está sesgado por la relación previa que tiene y que necesita para poder continuar la semana que viene con otra noticia”. Incluso García sostiene que no hay que perder de vista que es práctica común que jefes policiales visiten a editores en la redacción, lo cual la relación en términos periodísticos se vuelve más turbia.    
Jornada y El Chubut sostuvieron la campaña de los policías organizados

De todos modos, para Weinstock es necesario replantear que el ideal de objetividad y de incluir todas las voces tiene que ser limitado en función de los valores positivos que aporten socialmente. “Esta concepción de objetividad está basada en que todos los individuos que formamos parte de la sociedad tenemos los mismos derechos incluso el de aparecer en un diario. Tomado así en abstracto puede sonar lógico pero la realidad social funciona de manera diferente: porque no tendrías ese derecho si mataste, torturaste, es decir no tendrías que tener el mismo derecho de aparecer en el espacio público”, explicó la docente y respecto a los medios analiza que es esperable que decidan “no tratarlo a un criminal como un igual, como cualquier otro ciudadano”.
Desde CORREPI la visión que tienen es que el Estado y los medios de comunicación son parte de un sistema donde la represión es útil para mantener el orden vigente; por eso Verdú recalca la idea de que lo que hacen los medios no obedece a condicionamientos ni a una impericia, sino que son parte de ese “discurso oficial”. “Los medios de comunicación del sistema (hegemónicos o no) son la caja de resonancia del discurso oficial, reproducen y amplían la línea que baja de los que mandan”, y eso se manifiesta no sólo en los temas que imponen como opinión pública” lo que en realidad es “opinión publicada”, sino en la construcción de sentido: “Cuando un diario habla de un chico de un barrio pobre, del hijo de un trabajador que es víctima de un fusilamiento, sistemáticamente lo llama “el menor”. “Menor” es equivalente a “persona de menos de 18 años en conflicto real o presunto con la ley”. En cambio, si el pibe en cuestión es el hijo de “alguien” (un empresario, un político, un profesional), lo van a llamar “el chico””, explicó la abogada.   

Las notas fueron a veces a doble página o incluso con dos fotografías a color
La lupa sobre las prácticas periodísticas

Los medios de comunicación alternativos ganan cada vez más lectores pero la hegemonía de los grandes grupos empresarios que tienen sus usinas mediáticas siguen ganando la batalla por imponer los temas de agenda pública, lo que Verdú explicaba más arriba como la diferencia ente “opinión pública” y “opinión publicada”, y que se relaciona con la teoría de la Agenda setting: los medios de comunicación no tienen poder de decirnos cómo pensar, pero sí en qué temas pensar. Sin embargo, lo que sí logran imponer los medios alternativos es levantar el piso de la calidad periodística, obligan a los medios tradicionales a multiplicar las voces y replicar verdades que los periodistas autogestionados hacen público.
En ese escenario, se propuso pensar a los entrevistados cómo el periodista puede empezar a sortear obstáculos que atentan contra la profesión. Para la representante de CORREPI, los medios alternativos son el ejemplo a seguir sobre qué hacer ante los casos de violencia institucional: “Simplemente decir la verdad, como lo hacen a diario los medios alternativos de comunicación, y como lo intentan infinidad de trabajadores de prensa que se esfuerzan por influir sobre los contenidos y a veces logran filtrar alguna información”, puntualizó Verdú.
En cuanto a prácticas concretas, Weinstock sostiene que una de las ideas a vencer es la “ideología dominante”, donde los periodistas ante un hecho de violencia recurren casi con exclusividad a las fuentes policiales y muy pocas veces a los familiares. En ese sentido, Fabián García, de la Comisión contra la impunidad, explicó que  cuando un periodista tiene contacto con un familiar de la víctima se da “casi siempre cuando el familiar va a la redacción a pedir una nota; cuando va para quejarse del accionar policial, recién ahí aparece la voz de ellos”. Sobre este punto, Weinstock propone que lo que hay que vencer son los prejuicios que arrastramos porque nos lleva a pensar que “la culpa fue del villero y pobre, no hay discusión a esa culpa a priori porque es lo más “normal”, nos hacen creer eso”.
Similar es el planteo que hace María del Carmen Verdú, aunque desestima que la preferencia de la fuente policial sea por una simple comodidad o prejuicio inconsciente: “Es mucho más fácil, para el periodista acceder a la familia o a la organización que lucha contra la violencia policial. Sin embargo, como venimos diciendo, la fuente policial es la que se impone, lo que no es simplemente una práctica que se arrastre por inercia, sino una posición política de los medios”.

La apelación a la convocatoria como "nutrida" o "Gran concurrencia" iba a beneplácito del propósito político de los organizadores
La difusión de los condenados

La difusión de los medios de la zona sobre los reclamos de policías condenados por la muerte de Julián Antillanca (y en el contexto de otros casos como el de Mauro Castaño que murió por las quemaduras tras un incendio provocado en su calabozo de Trelew luego de ser detenido por una contravención, o el de Iván Torres que desapareció en el año 2003 luego de ser detenido en Comodoro Rivadavia) no es un privilegio discutible solo por la calidad del espacio que se les asigna (en primera plana, páginas principales o a doble página color y con varias fotografías), sino también por un lenguaje que roza la indulgencia a quienes son encontrados por parte de un tribunal de Justicia ordinario responsables de un crimen cometidos como funcionarios del Estado.
“Si en ese caso vos no estás dando el dato de que es alguien que mató, torturó o que tiene una sentencia firme donde se demostró eso, como periodista estás faltando a la objetividad, estás omitiendo un dato de importancia que cambia la significación de la escena”, explicó Weinstock. Para María del Carmen Verdú, la cuestión de fondo es comprender que los medios de comunicación “del sistema” tienen una política afín a ser condescendientes en este caso con los miembros de la fuerza pública aun sean criminales: “En definitiva, son la correa de transmisión de un mensaje que comparten”.     

22 de octubre de 2015

Espionaje en Chubut

SOSPECHAS DE CONNIVENCIA ENTRE EL PODER JUDICIAL, LAS MULTINACIONALES Y AGENTES DE INTELIGENCIA
Las luchas populares y vecinos bajo la mira de los servicios secretos
Nota en El Extremo Sur, septiembre de 2015, edición N° 154

El espionaje a ciudadanos de Esquel no generó sorpresa; pero si diseminó el miedo entre los vecinos de la ciudad y otros pueblos de la cordillera chubutense. La mezcla de espionaje ilegal por parte de servicios de inteligencia del Estado sumado a funcionarios judiciales que buscan acusar en el marco de la Ley antiterrorista el reclamo de las comunidades mapuches sobre las tierras de propiedad jurídica de la familia Benetton forman un cocktail que tiene reminiscencias de los peores años de la historia reciente del país. Entre todas las preguntas que surgen ahora hay dos que predominan en la escena: fundamentalmente se quiere saber quién ordenó el espionaje a civiles o en todo caso saber si los organismos de inteligencia –aún a pesar de los cambios del último año con la desintegración de la nefasta SIDE—se manejan en una órbita de autonomía donde el poder político no alcanza a pedir explicaciones; y segundo determinar qué tipo de relación o connivencia tienen funcionarios judiciales con los servicios secretos.
La lista de 22 personas espiadas no conforma un documento trascendental en términos de “inteligencia” y no serviría para hacer ninguna novela del género: datos anecdóticos con referencias cargadas de prejuicios xenófobos o descripciones de roles en asambleas populares que cualquier persona que participe en una reunión podría advertir forman el “fichaje”. Sin embargo la cuestión está en la violación concreta a las garantías constitucionales y la falta de apego de las estructuras del Estado a los procedimientos legales: tanto la estructura de inteligencia como parte del Poder Judicial están en la mira. Entre los espiados figuran periodistas, docentes, médicos, comerciantes, empleados públicos y miembros de una FM local, pero el único factor común que une a todos ellos es la participación activa en las asambleas y luchas populares que se dan en la zona norte de la cordillera chubutense.
En ese escenario, los asambleístas del No a la mina y las personas que han participado en distinto grado en la toma de una parte de los campos de Benetton por parte de comunidades mapuches se mueven con suspicacias ante las consultas de medios de comunicación de todo el país. Uno de los vecinos espiados, Humberto Kadomoto, quien ha participado en la asamblea antiminera desde los inicios, aseguró a este medio que en Esquel aun no tienen muchos detalles sobre los motivos del espionaje y que los vecinos evitan hacer presunciones, pero sí confirmó que las sospechas de que son espiados viene al menos desde el año 2002 (es decir, cuando la lucha antiminera estaba comenzando e incluso desde antes de la consulta popular que rechazó por casi el 83 por ciento la instalación de un emprendimiento minero en Esquel).
Respecto a la connivencia entre el Ministerio Público Fiscal y las empresas multinacionales que tienen interés en la región, Kadomoto es concreto al marcar las diferencias que los fiscales hacen cuando llega a mesa de entrada una denuncia realizada por los vecinos autoconvocados o lo hace una empresa como puede ser una minera o la propia firma Benetton: “La fiscalía siempre archivó las denuncias de los vecinos” y luego opinó que a fin de cuentas “el poder económico maneja todos los estratos del gobierno y de la justicia”.    

LAS FICHAS SALEN A LA LUZ

Las fichas realizadas por un agente del servicio de inteligencia donde especificaba nombres, profesiones, fotografía y función dentro de las asambleas populares estuvieron en poder de la fiscalía de Esquel desde el día 28 de mayo; pero recién se supo de ellas, y de forma casi accidental, a fines de agosto, cuando el defensor público Fernando Radziwilowski dio con el archivo digitalizado en una de las máquinas de la oficina judicial.
La coartada de los fiscales Rivarola y Révori, a cargo de la investigación por la causa Mapuche/Benetton fue por un lado reconocer la existencia del archivo y pedir que se libere de la protección de identidad al espía, y por otro lado asegurar que la información fue aportada “espontáneamente”. Sin embargo, El extremo Sur confirmó con fuentes judiciales que nadie que aporte algún tipo de documento a la fiscalía para ser utilizada en una causa judicial puede ser exceptuado de ser identificado y dejar constancia de qué tipo de documentación acerca, forma parte del procedimiento normal. En ese caso, las únicas vías de interpretación ante la falta son dos: o estamos ante una mecánica de ineptitud de los funcionarios judiciales o hay connivencia entre los fiscales, servicios de inteligencia y las multinacionales interesadas.
La demás legislación sobre protección de agentes del servicio secreto del Estado debe ser relevado por orden judicial, aun así la Constitución Nacional prohíbe expresamente ser víctima de espionaje u hostigado por su forma de pensar o actividades que no prohíbe la ley, como la participación política. Pero en el entramado que significa el Estado nacional y provinciales, que además de la secretaría de inteligencia que tiene su acerbo ideológico en los años 60-70, están las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y sumadas a las fuerzas armadas, el espionaje interno que está prohibido se delata como una práctica discrecional que pocas veces sale a la luz.

LA PELEA DE FONDO

En abril de este año un grupo de personas de comunidades mapuches ingresaron a tierras bajo alambrado en la zona de Leleque y que tienen como propietario legal a la firma que pertenece a la familia Benetton (el conocido magnate italiano que posee en toda la Patagonia más un millón de hectáreas en la cordillera y precordillera). La comunidad mapuche se ampara en leyes nacionales e internacionales que protegen su derecho a recuperar las tierras ancestrales. Por su parte, la firma textil italiana inició una causa judicial que mantiene en litigio por un lado por el tema de la toma de las tierras en particular y segundo se tiene que definir la cuestión de fondo: si pesa más el interés privado de una multinacional y una familia latifundista, o la razón de los pueblos originarios y su interés de vivir en tierras con un sistema de economía comunal.
El lof en Resistencia de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo que se adjudica la recuperación de tierras aseguro que actuaron bajo el imperio de la falta de respuestas a sus pedidos y la existencia de tierras que en manos de empresas extranjeras permanecen improductivas.
Desde que las comunidades mapuches iniciaron su proceso de recuperación la situación siempre estuvo cargada de conflictos: a actos policiales intimidatorios en cortes de ruta llevados a cabo simultáneamente a la toma de tierras se le sumó las tareas persecutorias a vecinos que se solidarizaban. Es en el marco de ese tejido de solidaridad que se inscribe las tareas de espionaje ilegal que se conocieron en las últimas semanas.

LEY ANTITERRORISTA Y CAMBIOS EN INTELIGENCIA

La persecución ilegal a los vecinos de Esquel se inscribe en un contexto más amplio: por un lado la Ley Antiterrorista que la fiscalía de la ciudad cordillerana busca aplicar en el caso del litigio Mapuches contra Benetton; y por otro lado el escenario de disputa que se da en los órganos de inteligencia del Estado nacional y que por propia naturaleza pocas cosas salen a la luz y son de dominio público.
La Ley Antiterrorista es una reforma del Código Penal que se sancionó en el año 2007 y fue duramente criticado por sectores progresistas y de izquierda. En ese momento se acusó al gobierno de Cristina Fernández de llevar adelante una medida antipopular y que sólo tenía como fin agradar a los organismos internacionales.
Si bien la excusa es que su espíritu está para controlar las especulaciones financieras, los términos vagos de la ley permite que cualquier tipo de lucha popular pueda ser circunscripta bajo esta figura. Lo que estipula estos artículos es cambiar el fuero federal por delitos penales comunes en caso  de que “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” y duplicar automáticamente las penas.  
Luego, la actuación del agente de inteligencia no puede deslindarse de la desintegración que se dio este año con la SIDE y preguntarse hasta dónde el gobierno nacional puede modificar la naturaleza de una agencia que nació para combatir lo que los gobiernos autoritarios llamaron “enemigo interno”. En enero de este año se disolvió la enigmática agencia donde agentes relacionados con la triple A y la última dictadura manejaban el organismo a discreción de los gobiernos democráticos.
Hoy, la nueva secretaría a cargo de Oscar Parrilli, hombre de confianza de la presidenta, tiene a cargo a quien efectuó el espionaje contra los vecinos de Esquel, que aunque no fue revelada su identidad desde el mismo juzgado reconocen que pertenece al organismo. Por otro lado, los asambleístas de la cordillera aseguran tener filmado al agente, lo que de alguna manera sería un material insustituible no sólo para terminar con estas prácticas intimidatorias sino también para develar cómo funcionan estos agentes que tienen por fin intimidar a los ciudadanos y de alguna manera condicionar la vida democrática.   

26 de agosto de 2015

43 aniversario de la Masacre de Trelew

Hilda Toschi: “Trelew es sinónimo de solidaridad”
“Trelew no nos pertenece más, el pueblo entero se apropió del significado de la masacre”, aseguró Hilda Toschi en el 43 aniversario de los fusilamientos de los 16 presos políticos en la base aeronaval Almirante Zar. Luego de más de cuatro décadas y de importantes avances en cuanto a la batalla por la justicia y la valoración simbólica de los hechos, todos los años la provincia del Chubut recibe a los familiares de las víctimas y el reconocimiento es unánime: “Los vecinos de acá son como mi familia, son amigos”, sostuvo sobre la relación entablada con los pobladores Raquel Camps, hija de Alfredo Camps, uno de los tres sobrevivientes de la noche en que los militares de la Armada llevaron a cabo la matanza.
El reconocimiento a las ciudades Trelew y Rawson no es casual: desde el momento que la Unidad Penal Federal número 6 de la capital provincial recibió presos políticos de la dictadura encabezada por Alejandro Lanusse se organizaron comisiones de solidaridad para recibir a los familiares que venían de visita, abogados de la zona representaron a algunos de los presos políticos y las ciudades se movilizaron para condenar los fusilamientos y la política de amedrentamiento.      
Sobre el acompañamiento que año tras año reciben, en una entrevista para El Extremo Sur, Hilda Toschi agregó: “Somos parte de esta tierra. Y la sangre derramada por los compañeros ha logrado que cada vez más florezca en cariño, compromiso, solidaridad. Nosotros llegamos a Trelew y toda la ciudad se convierte en nuestra casa”. En el mismo sentido se expresó Sara Kohon, hermana de Alfredo Kohon, quien relató las sensaciones que tiene cada vez que va a la base y luego se reencuentra con las organizaciones militantes en el viejo aeropuerto de la ciudad: “Habíamos ido antes a la base, ya es la cuarta o quinta vez que voy y me pasa siempre lo mismo: me genera mucha tristeza, me bajonea. Pero al ratito escuché los bombos, vi a los chicos venir con esa alegría, con ese amor y me sentí contagiada porque siento que tenemos futuro”.  
De todos modos, para Hilda Toschi lo que ocurre hoy es el mismo espíritu que tuvo la ciudad incluso antes del proceso que va desde la fuga del penal de los presos políticos hasta el fusilamiento en agosto de 1972: “Por lo menos desde un año antes de los hechos que recibimos esta muestra de solidaridad que me atrevería a decir que como en Trelew no pasó en ningún otro lugar”, sostuvo en relación a que la cárcel de Rawson servía para aislar a los referentes revolucionarios y otros líderes políticos y sindicales de sus organizaciones trayéndolos a la Patagonia: “Acá los presos eran desconocidos, no tenían nada que ver con el lugar, ningún vínculo con los pobladores de Rawson y Trelew”.
Pero además, las ciudades cumplen una tarea más: reconstruir la historia de los presos políticos que fueron fusilados por la dictadura. Ese proceso de reconstrucción es lo que le sucede a Raquel Camps: “En esta ciudad había un montón de compañeros que podían relatarme quiénes eran mis viejos. Ellos eran muy pendejos y acá empecé la reconstrucción para saber quiénes eran”, sostuvo Raquel quien se siente de alguna manera de la provincia del Chubut: “Mis viejos se conocieron en el penal de Rawson, entonces hay una historia de amor detrás de todo”.

LA FUGA Y LOS FUSILAMIENTOS

El 15 de agosto de 1972 se llevaría a cabo una de las operaciones contra la dictadura militar de Lanusse más temerarias y sofisticadas de la historia de las organizaciones revolucionarias: presos políticos que eran parte de tres organizaciones guerrilleras (Montoneros, ERP y FAR) planearon una fuga masiva del penal de Rawson para reincorporarse a la resistencia. La operación fue panificada con varios meses de anticipación y en absoluto secreto, involucrando a tres organizaciones guerrilleras que mantenían diferencias ideológicas pero que los unía la lucha contra la dictadura militar.
A las 18 horas comenzó la fuga separada en tres grupos: primero saldrían los miembros más importantes de las organizaciones y luego las segundas y terceras líneas. El objetivo era que se evadieran 125 presos políticos, secuestraran un avión en el aeropuerto de Trelew y pasarán a Chile donde gobernaba el presidente socialista Salvador Allende. Aunque sólo lograron pasar a Chile seis (entre ellos se encontraba Mario Roberto Santucho, jefe del ERP), y 19 quedaron rodeados en el viejo aeropuerto de Trelew mientras que el grueso ni siquiera pudo salir del penal, la operación fue un éxito político: las organizaciones revolucionarias se habían unido para asestar un golpe propagandístico letal contra la dictadura, demostraban capacidad operativa y evidenciaban la ingenuidad de la conducción militar.
La demostración de lo que la fuga significó para la dictadura militar quedó expuesto justo una semana después. Los 19 presos que quedaron varados en el aeropuerto entregaron las armas una vez que negociaron la vuelta al penal; pero la dictadura declaró a Chubut “zona de emergencia” y fueron traicionados: se los condujo a la base aeronaval Almirante Zar y la madrugada del 22 de agosto los harían salir de sus calabozos para ser fusilados por oficiales de la Armada Argentina. De los 19 lograron sobrevivir tres (Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar) quienes fueron fundamentales para brindar testimonio de lo que pasó ese día y en base a sus declaraciones (los tres fueron asesinados luego por la dictadura que tomó el poder en 1976) se pudo condenar a los responsables cuatro décadas después (Ver recuadro sobre el juicio).

EL SIGNIFICADO DE LA MASACRE

Los fusilamientos de Trelew fue el prólogo de lo que sistemáticamente se daría a partir del 24 de marzo de 1976 con la última dictadura argentina. Para Eduardo Luis Duhalde, uno de los referentes en la lucha por los Derechos Humanos que murió en el año 2012, la Masacre de agosto de 1972 reúne todas las características que tiene el Terrorismo de Estado argentino: la política genocida que busca eliminar la militancia popular, la pedagogía del terror que busca restablecer la autoridad militar y el miedo, la no asunción del hecho criminal alegando la legítima defensa de los militares que dispararon, el pacto de sangre que involucró a las tres fuerzas armadas y a toda la cadena de mando, y finalmente la aplicación de la ley de fugas, es decir usar el falaz pretexto del intento de escape de los detenidos en la base para justificar la masacre.          

43 aniversario de la Masacre de Trelew

Hualpa: “El juicio tuvo una función esclarecedora en el plano histórico y jurídico”
En el año 2012, luego de 40 años de la Masacre, los responsables materiales directos fueron condenados lo que significó un avance sustancial después de décadas de impunidad y desentendimiento por parte del Estado. El juicio tuvo un triunfo adicional: la declaración de delito de lesa humanidad, lo que significa que es imprescriptible y que respondió a una política de Terrorismo de Estado donde estaba involucrada toda la estructura militar de la dictadura.
A pesar de las condenas a Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, fueron absueltos el jefe de la base Zar, Norberto Paccagnini, y el oficial militar que encubrió los hechos, Jorge Bautista, lo que resulta incoherente porque negaría la cadena de mando que bajó desde el presidente de facto, Alejandro Lanusse hasta los que dispararon. Además, no se pudo enjuiciar a Alfredo Bravo, otro de los asesinos que se encuentra en Estados Unidos protegido por el gobierno del país del norte que ha rechazado los pedidos de extradición.
Consultado por este medio, Eduardo Hualpa, abogado del CELS y representante de los familiares en el juicio, explica en qué situación está el proceso luego de la sentencia del 2012.

¿En qué situación están ahora las condenas y absoluciones?
Las condenas fueron confirmadas por la Cámara de Casación Penal y se encuentran en análisis de la Corte Suprema por el recurso planteado por los condenados. En cuanto a la absolución de Paccagnini fue dejada sin efecto por la misma sentencia de Casación y se ordenó dictar nuevamente la sentencia, aunque para eso el expediente debería regresar a Comodoro Rivadavia y designarse un nuevo Tribunal Oral, lo que en nuestra región supone una demora importante.

¿Se puede estimar en qué tiempo habrá una definición al respecto?
No es posible estimar una fecha de definición, dado que la práctica de la Corte hace muy difícil de predecir sus tiempos. Tampoco hace tanto que la causa llego al máximo tribunal. Veremos con los familiares que estrategias empleamos para que lleve el menor tiempo posible.

¿Reservás algún optimismo respecto a la extradición de Bravo?
 Soy optimista sobre la posibilidad de sentar a Bravo a que responda por sus crímenes, pese a la negativa de los Estados Unidos de extraditarlo, por la sencilla razón de que esta causa ha esperado más de 40 años por justicia y contra todos los pronósticos ha avanzado enormemente. Los familiares han demostrado ser pacientes y perseverantes. ¿Quién iba a pensar en el 2006 que comenzamos con las querellas que el capitán Sosa iba a ser hallado y condenado por la Masacre de Trelew?

Tres años después del juicio, ¿qué reflexión haces respecto a su importancia histórica?
La importancia histórica del juicio ha sido demostrar en la Justicia algo de lo que ya se tenía noticia: los procesos dictatoriales que se sucedieron en Argentina desde el golpe de Ongania, no fueron sucesos aislados. La más cruenta dictadura que vivimos en Argentina no se inició en el año 1976, sino que forma parte de un ciclo más complejo de preparación ideológica, política, mediática, logística y que en el plano militar ubica la Masacre de Trelew como un hecho muy grave en esta sucesión del Estado terrorista. El juicio demostró la mecánica represiva, instalada desde varios años antes y que no perdió continuidad, pese al arribo del periodo constitucional de Campora y Peron. Es decir, el juicio tuvo una función esclarecedora en el plano histórico y jurídico, siendo el primer caso de condenas de crímenes lesa humanidad por hechos anteriores a la última dictadura militar. Pero en el plano social tuvo otra arista no menos importante: fue el escenario del reencuentro de familiares, militantes de los 70, vecinos y vecinas de Trelew y Rawson. Fue el ámbito donde pudieron dejar una pesada carga varios testigos que habían sido marcados con el terror en la piel y nunca habían contado lo que dijeron al Tribunal. No olvidemos que durante el juicio aparecieron elementos inéditos y de importancia para la investigación: fotos de los cuerpos y un acta de escribano realizados antes de ser enterrados, un audio inédito con la voz de los tres sobrevivientes de la masacre, hoy desaparecidos o asesinados. La importancia del juicio es su aporte a la memoria de un pueblo, que en nuestra región y para muchas personas, no es solo una consigna general, sino también una imperiosa necesidad personal.


18 de julio de 2015

Segundo juicio de Julián Antillanca

LUEGO DE CINCO AÑOS Y TRAS UN PRIMER JUICIO QUE FUE ANULADO

Cadena perpetua para los policías que asesinaron a Julián Antillanca

Los agentes Martín Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba fueron condenados por homicidio calificado, mientras que el comisario Carlos Sandoval fue condenado a tres años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado. En el juicio se apuntó contra las abusivas prácticas de la fuerza de seguridad provincial.

La violencia institucional en la provincia del Chubut sufrió su primera gran derrota. Luego de casi cinco años y tras un juicio anterior que sugestivamente absolvió a todos los imputados, por fin el lunes 6 de julio los responsables policiales de la muerte de Julián Antillanca fueron condenados. El caso espera ser un punto de inflexión en la provincia del Chubut, donde la institución policial registra un penoso índice de violencia y hostigamiento a jóvenes de los sectores de escasos recursos.
Si bien el crimen de Julián estuvo a punto de quedar impune, la pelea de la familia Antillanca y un apoyo social creciente torció la historia: el Superior Tribunal de Justicia de la provincia obligó a realizar un nuevo juicio luego que en el 2012 se absolvieran a los imputados desdeñando pruebas y testimonios claves. La decisión del máximo tribunal de Justicia de la provincia se suma a lo que anteriormente resolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando en otro caso condenó al Estado por ser culpable de la desaparición en el año 2003 de Iván Torres, luego de ser detenido en Comodoro Rivadavia por la Policía del Chubut. La fuerza provincial está implicada en al menos otros cuatro crímenes, además de sumar semana a semana denuncias por abusos, maltratos y hostigamiento a familiares de las víctimas y testigos.    

Una noche fatal: “Espiral adrenalínica”

En la madrugada del 5 de septiembre, los policías Martín Solís, Jorge Abraham y Laura Córdoba cumplían en la zona de boliches de Trelew lo que en la jerga policial se llama “adicionales”: con uniforme y armas aportados por el Estado provincial hacen tareas de prevención y seguridad pagado por privados. Pero no fue una madrugada cualquiera: en el margen de pocas horas primero los agentes golpearon salvajemente a los hermanos Aballay y posteriormente golpearon hasta matar al joven Julián Antillanca. Este cuadro de violencia en nombre de la policía provincial fue calificado por la fiscal Mirta Moreno como una noche de “espiral adrenalínica”, es decir, un abuso violento y sanguinario de los policías que no podían saciar la sed de golpear a los jóvenes.
Cuando Julián Antillanca y Walter Torres vieron desde el boliche Ku cómo los policías Solís, Abraham y otros golpeaban en las inmediaciones a los hermanos Sergio y Matías Aballay, Torres arrojó una botella en repudio del accionar de los agentes. Dos horas después, sería el propio Julián quien sufriría la golpiza: la testigo Daiana Monsalvez aseguró ante el tribunal: “Lo estaban re golpeando”, y relató que se trataba de tres policías varones y una mujer.
Según las pericias realizadas por los forenses, Julián Antillanca murió por múltiples lesiones vitales provocadas por terceros, y no por un coma etílico como sostuvo el primer informe policial y la prensa el día posterior a su muerte.
La fiscal Moreno describió en base a los testimonios cómo en el momento de la golpiza existía una suerte de “distribución de tareas”: uno lo sostenía por la parte de la cabeza, otro en las piernas mientras era golpeado con la tonfa (bastón que utilizan los agentes policiales); por su parte, la agente mujer evitaba que se acercaran las personas que transitaban por el lugar en esa madrugada. La mujer policía se trata de Laura Córdoba, quien era la oficial superior de los policías Jorge Abraham y Martín Solís, y bastaba sólo una orden de ella para frenar la brutal golpiza que llevó a Julián a la muerte.

Encubrimiento: una escuela de terror

Una vez consumado el asesinato, desde el jefe de la comisaría cuarta de Trelew, Carlos Sandoval, hasta los agentes implicados, tramaron una coartada de encubrimiento: se arrojó el cuerpo en las calles Patagonia y Rivadavia de la ciudad del valle para involucrar a otras personas en su muerte, se ocultó pruebas fílmicas a la investigación judicial y ajustaron un relato falso sobre los hechos que repitieron hasta el último día del juicio. Por si fuera poco, como explicó el propio César Antillanca, padre de Julián, el comisario Sandoval le aseguró el mismo día del asesinato que la causa de la muerte fue un coma etílico y le comentó que tenía “unos raspones en la nariz y en la oreja”.
Lo que Sandoval describió como raspones concuerda en realidad con lo que describió la testigo Monsalvez y fue acreditado por los forenses: las heridas de Julián son indicadores de sujeción, golpes de botín, trompadas y golpes de tonfa. La conclusión es categórica: a Julián Antillanca lo mató a golpes la policía.
Una vez asesinado, los policías cargaron el cuerpo en el móvil 234 y lo arrojaron en la calle Patagonia y Rivadavia, a pocos metros de la casa de la familia Amigorena quienes según otros agentes de la comisaría cuarta tenían “un modus operandi” sospechoso. La coartada era obvia: una vez que se descubriera la falsedad del coma etílico, se buscaría involucrar a los Amigorena en el asesinato. Para desbaratar la historia fue clave el testimonio de Jorgelina Domínguez, quien en esas primeras horas de la mañana vio oculta desde la esquina cómo la policía arrojaba el cuerpo sin vida de Julián, y posteriormente pudo identificar a Martín Solís como el agente que se bajó para corroborar que nadie los veía (sin advertir claro, a Jorgelina). El conductor del patrullero sería Pablo Morales, el único de los imputados que fue absuelto ya que el tribunal entendió que no fue identificado en ninguna de las circunstancias que van desde la golpiza hasta que arrojaron el cadáver.
Los peritajes que se hicieron en el patrullero arrojaron pruebas concluyentes: dentro del móvil policial 234 se encontró rastros de ADN que concuerdan con el linaje de Julián Antillanca. El testimonio de Jorgelina y las muestras genéticas prueban cómo se deshicieron del cuerpo de Julián y cómo se orquestó el comienzo del encubrimiento.
Analizada las pruebas en juicio, el tribunal compuesto por Darío Arguiano, Adrián Barrios y Marcelo Di Biase resolvió condenar a cadena perpetua a los policías Jorge Abraham, Martín Solís y Laura Córdoba por ser los autores materiales del homicidio calificado, y al comisario Carlos Sandoval a tres años de prisión en suspenso por ser el responsable de las tareas de encubrimiento.

Los jóvenes de bajos recursos en la mira

La abogada por parte de la familia Antillanca, Verónica Heredia, en su alegato apuntó a la función y al rol que cumple la policía. El diagnóstico es tenebroso: para la letrada el crimen de Julián no puede desentenderse del contexto donde el sector social de “jóvenes de escasos recursos” es víctima de persecución por la fuerza de seguridad.
En ese sentido, Heredia también se centró en el papel de encubridores que cumplió el resto de los agentes de la comisaría cuarta tras el asesinato de Julián. “Fue un festival de los no me acuerdo. Policías que vinieron a declarar y lo único que pudieron decir fue no recuerdo, no se decirle”, se quejó ante el tribunal. Además, analizó que según las declaraciones de los 26 agentes que estuvieron en el juicio, sabían distinguir muy bien cuál era el sector social a controlar: para Heredia la policía provincial es cómplice del estado de discriminación y desigualdad, ya que fueron ellos quienes hablaron de “diferentes clases sociales” entre los que asistían al boliche Ku o al boliche Místico en Trelew: “Ejercen sus funciones controlando a esas clases sociales”, resumió la abogada en relación a los sectores más postergados del que era parte Julián.  
Además, Heredia analizó las condiciones en las que trabaja la policía, que sin desligarle las responsabilidades penales del caso, es “un caldo perfecto para la violencia” al realizar el régimen de “adicionales” una vez que cumplen su horario normal de trabajo, recargando niveles de stress y cansancio.
Por último, Heredia cerró su alegato recalcando que los tribunales de Justicia son responsables de “la impunidad con que se sienten” los que usando instrumentos del Estado se vuelven criminales. La condena contra los asesinos de Julián podría ser el primer capítulo para cambiar esa historia.  

César Antillanca: “Para terminar con los abusos hace falta decisión política”
El papá de Julián, César Antillanca, hizo un análisis sobre lo que significó el juicio para Chubut. “En primer lugar hay que destacar que con el fallo el Poder Judicial aceptó que lo que denunciamos los familiares y amigos de Julián y el colectivo de organizaciones está sucediendo”, sostuvo en referencia a los abusos de la policía con los jóvenes. Luego agregó: “En lo local este fallo se puede transformar en jurisprudencia; pero para terminar con la lógica de abusos se necesita decisión política por parte del Poder Ejecutivo. Acá hay una lógica delictiva que no se acota a la institución policial sino que tiene que ver con los poderes del gobierno”, sostuvo.
Finalmente, Antillanca opinó que el fallo condenatorio no tiene que ver solamente con el análisis de las pruebas, sino que fue importante las manifestaciones públicas de diferentes sectores, fundamentalmente en contraste con el primer juicio donde la movilización pública era menor y se terminó absolviendo a los imputados: “En este caso la justicia fue un proceso social, que no sólo se dio en Trelew sino en toda la provincia”, opinó.
  

Segundo Juicio de Julián Antillanca

El papá de Julián no titubeó en apuntar contra los policías que asesinaron a su hijo. 
Palabras finales de César Antillanca antes de conocer la sentencia
Tras el alegato de la fiscalía y la querella, los padres de Julián Antillanca se dirigieron al tribunal. César, el padre, mostró una serie de fotos de distintas edades y algunas pertenencias: una billetera, botines de fútbol, una copa de vino, un perfume y unas cartas, y luego dijo:
"Voy a solicitar al Tribunal que me permitan permanecer de pie. Este es el minuto de las víctimas. Julián no puede venir. Estos son los despojos. Le arrancaron la vida, los sueños. Podemos decir, hasta ahora, que Julián se fue sin explicaciones. Yo no quería que juegue a la pelota porque lo iban a lastimar; el fútbol barrial es asperísimo, se golpean y yo no quería que juegue. Esta cajita se la hice yo. Ahí tiene sus cartas, sus cds, una caja de un celular, una billetera, pastillas. Esa copa se la regalé cuando me dijeron que junto con su hermana empezaron a tomar alcohol, así que le regalé una copa a cada uno. No pudo venir hoy y desde hace casi cinco años que no puede venir acá, no puede jugar, que no puede reir, que no puede llorar. Y yo acuso, señores del tribunal, con total autoridad y con total honestidad sobre todo, con total seriedad, acuso a estos señores de haber sido los matadores de sueños, de lágrimas, de risas, y de haberle quitado la vida a mucha gente, porque Ayelén, su hermana, es una chica triste, porque Tomás es un nene triste y porque su madre es una mujer devastada. Acuso con total autoridad de haber traído la violencia y la desgracia a la humanidad; no a él, no a la familia Antillanca, no a los amigos de Julián. Trajeron la desgracia a la humanidad por ser inhumanos. Los golpes que le dieron a Gonzalo Julián Antillanca para que muera es de inhumanos. Vean lo que hicieron. Yo los acuso de cobardes, de cobardes por mentirles a sus familias, y de no decirles la verdad y hacerse cargo porque todas estas personas familiares de los acusados están creyendo en su inocencia porque ellos son cobardes y están en una institución cobarde.
Señores, yo estoy montado en una nave que está llena de amor, en una nave que sólo tiene amor y dignidad, el amor a la vida y el amor a la libertad, y la dignidad del trabajo porque esto que hay acá, esta acusación es el resultado del trabajo, es resultado de la honestidad. Porque así como acuso, acuso con dolor; porque así como amo la vida y la libertad, la desgracia que trajeron estas personas a sus familias no tiene nombre, no tiene precio, no tiene tiempo. Porque esto no se termina acá, ni sabe uno en qué puede seguir. Yo estoy en una nave que busca justicia y que no tiene resentimiento, que no tiene odio, que no tiene ira, que no tiene venganza, porque eso carcome y yo amo la vida y la libertad, y soy un tipo felíz luchando. Cada lágrima, cada lágrima me duele, pero me gusta. Y las disfruto. Y necesito esto ahora: luchar. Luchar, pelear.
Y esta nave señores no conoce de mares grandes, está descansando en la bahía esta nave. Está dispuesta a perder mil batallas pero no la guerra. Entiendan señores que esta nave es un barco que solamente tiene dos vientos: el viento de la madre de las ciencias, la paciencia; y además, el viento de la constancia, que trae sus frutos, el resultado, del trabajo. Constancia y paciencia. Y si hay que seguir se sigue.
Y señores del tribunal es su responsabilidad que este hecho quede impune. Es toda su responsabilidad no que esto no siga sucediendo porque el caso de la muerte de Julián no se agota en la justicia por el caso de Julián. Una persona no puede remediar todo un sistema corrompido. Todo un sistema que está corroído por completo. Hay corrupción estructural. Señores, Julián era un chico pobre pero tenía su mamá, tenía su papá, sus amigos, sus hermanos, y seguramente tenía sus dolores, como todos. Pero hoy no tiene nada. Absolutamente nada. Sus despojos, solamente sus despojos. Y nada más".                   

17 de septiembre de 2014

Das Neves y la corrupción

INGENTIS Y LAS “RESOLUCIONES MELLIZAS” SERÍAN LAS PRIMERAS EN ELEVARSE A JUICIO ANTES DE FIN DE AÑO
Avanzan las denuncias por corrupción durante el gobierno dasnevista

En el transcurso del último mes se aceleraron varias de las investigaciones por algunos de los hechos más turbios que se dieron durante los ocho años del gobierno provincial de Mario Das Neves. Con este largo periplo que lleva dos años y medio de cambio de gestión, pareciera ser que ahora sí, la segunda parte del 2014 la justicia tendrá las cartas en su mesa como

para determinar responsabilidades políticas y penales del gobierno dasnevista, una gestión que fue prolífica a la hora de generar más que suspicacias en el manejo de los recursos públicos. Entre los hechos más relevantes se encuentra la posible defraudación de fondos con el proyecto Ingentis, las denominadas “resoluciones mellizas” por la cual de manera ilegal, arbitraria y oculta se condonó impuestos millonarios a un holding empresario dedicado a la exploración petrolera, y también la venta de tierras cordilleranas prohibidas constitucionalmente y otorgadas a funcionarios públicos. Por el otro horizonte, asoma la investigación por el supuesto pago de coimas para reconcesionar el yacimiento petrolero de Cerro Dragón en el año 2007 a la empresa Pan American Energy, tema que se hizo público por la denuncia ante en la Comisión de Valores de Estados Unidos y que ya tuvo las primeras réplicas en los tribunales vernáculos.   
Pero amén de todo este repaso, una de las cuentas que vuelve a delatarse es que la política y la justicia van a distintas velocidades: mientras en la primera los dirigentes se suceden en elecciones con suertes histéricamente volátiles (pierden por escándalo y ganan a los dos años), puede que en todo ese trayecto los funcionarios más embarrados por los vínculos de la corrupción ni siquiera pisen un tribunal de justicia. La explicación no siempre está sujeta a una cuestión de rigores judiciales ni a los propósitos del “debido proceso”: como se quejaba el ex procurador de justicia de la provincia, Eduardo Samamé, cuando se archivó sin mayores explicaciones la denuncia presentada por enriquecimiento ilícito contra el ex gobernador Das Neves, algunos fiscales “se encuentran altamente capacitados para no encontrar nada”.

Resoluciones mellizas

La primera de estas batallas contra la corrupción fue presentada a finales de julio de este año por lo que popularmente se conoce como la denuncia de “las resoluciones mellizas”, cuyo único imputado es el ex secretario de Hidrocarburos del periodo dasnevista, Luis Tarrío, por fraude a la Administración Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal Daniel Báez pidió la elevación a juicio que se daría antes que termine el año.
El 22 de junio del 2009 sin que se publicara luego en el Boletín Oficial, Tarrío firmó una condonación de impuestos en favor del holding Patagonia Petróleo, integrado por las empresas Cliveden Petróleo Argentina SA, Integra Ivestment SA y Kilwer SA. Las resoluciones de la Secretaría de Hidrocarburos y Minería (SHyM 09/09 y SHyM 10/09) constan de la misma numeración y la maniobra de ocultamiento se delata porque correspondían a otras resoluciones que nada tenían que ver con la condonación en cuestión. En el absurdo acto administrativo se perjudicó al Estado provincial en una cifra superior a los 6 millones y medio de pesos.
La denuncia tiene ribetes tristemente desopilantes: además de ser una atribución ilegítima del funcionario provincial (sólo puede favorecer una condonación impositiva el Poder Legislativo), de la no publicación en el Boletín Oficial y la sesuda maniobra de ocultamiento administrativo con otras resoluciones; la maniobra quedó al descubierto por desavenencias en el riñón dasnevista: cuando Tarrío fue remplazado por Sergio Schiavone en la Secretaría de Hidrocarburos exigió a la petrolera el pago del canon por permisos de exploración correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011; lo cual la empresa replicó con la resoluciones con las que había sido favorecida por el anterior funcionario. El ex gobernador Das Neves podía optar entre pedir una investigación interna para saber qué pasó o hacer como que acá no pasó nada: entonces volvió para atrás el enroque de funcionario y Luis Tarrío regresó a la Secretaría de Hidrocarburos. El mensaje del entonces gobernador fue claro: acá no pasó nada.

Ingentis, a juicio

Quizás el emblema de las sospechas de corrupción del gobierno liderado por Mario Das Neves haya sido el proyecto de generación eléctrica Ingentis.  La génesis del acto defraudatorio estaría en septiembre del 2010, cuando el estado provincial compró un paquete accionario por 40 millones de pesos a un grupo empresario una vez que ya se tenían certezas de que el proyecto era inviable. En vez de seguir el protocolo administrativo para este tipo de casos, repartir perdidas, la provincia compró las acciones y se desprendió de una de las turbinas que conformaban el complejo sistema de generación de energía.
Los cálculos más modestos estiman que Chubut perdió 120 millones de pesos en un proyecto que no generó nada. Pero además hay que sumar la compra de cañerías a Emgasud (anterior accionista de Ingentis) y que podría cuadruplicar la suma inicial, y saber los pormenores de cómo fue que el gobierno se desprendió de una de las turbinas que hoy opera para la otra accionista en la provincia de La Pampa.
En la timba accionaria el Estado habría comprado por 40 millones de pesos las acciones que correspondían a Pampa Holding, presidida por Marcelo Mindlin. Según declaraciones del fiscal de Estado, Miguel Montoya, en las próximas semanas culminaría la investigación judicial, cuando termine la última pericia contable pedida por el fiscal Daniel Báez.

Adjudicación de tierras de bosques nativos

Pero el dasnevismo ha sido fértil para coleccionar denuncias de todo tipo y color. Aun se dilata la presentación por la entrega de tierras de bosques nativos en la cordillera, sobre el límite internacional con Chile. Por decreto del año 2005 el ex gobernador favoreció nada más y nada menos que a su vicegobernador, Mario Vargas, con cuatro mil hectáreas cordilleranas, cuya tenencia estaba tramitando desde el año 1994.
La engorrosa operación ataca la legalidad por un lado y la legitimidad por el otro. En el primer caso, la Constitución provincial protege y prohíbe la venta de tierras de bosques nativos (artículo 105 de la carta chubutense) y en caso de aprobarse una venta se tiene que dar por medio de una mayoría de cuatro quintos de la Legislatura provincial, es decir una mayoría excepcional. Lo que pasó en el 2005 fue nada más y nada menos que contradecir la carta constitucional de la provincia por medio de un decreto. Por otro lado, no resiste menor análisis que la persona favorecida haya sido nada menos que el vicegobernador de la provincia, delatando la connivencia entre funcionarios que comparten mucho más que los colores de un partido político.

PAE y las coimas

El 24 de mayo del 2007 la Legislatura provincial reconcesionó la explotación de Cerro Dragón, el yacimiento de petróleo convencional más importante del país. Las características eran sumamente auspiciosas para Pan American Energy: se aseguró los usufructos del yacimiento por 40 años más a cambio de sólo unos puntos más de regalías para el Estado provincial (16 por ciento).
Sin embargo, las accionistas de Pan American, la argentina Bridas de la familia Bulgheroni y la British Petroleum entraron en discordia cuando mostró sus pretensiones otra gran petrolera que opera a nivel global: la China National Offshore Oil (Cnooc). Sorteando las tratativas, la BP presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos una autodenuncia por pago de sobornos en la discusión de la renegociación del yacimiento.
Hecha pública la denuncia en los tribunales estadounidenses, el fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó la investigación en el juzgado de Canicoba Corral. Simultáneamente, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, encomendó presentar una denuncia similar en el fuero penal de los tribunales provinciales.
Lo que se desprende de la denuncia realizada en la Comisión de Valores de Estados Unidos la coimas se habrían dado en dos operaciones complementarias: primero como compra de voluntades para aprobar la reconcesión por cuatro décadas del yacimiento Cerro Dragón; y otra para permitir la fusión de Pan American Energy con la petrolera china.
Aunque las investigaciones están en su etapa preliminar, por la importancia que tiene dicho acuerdo petrolero y por las discusiones que se dieron en el último año respecto a una readecuación de la reconcesión a la nueva ley de hidrocarburos, no sería inverosímil pensar que legisladores, funcionarios y hasta el propio ex gobernador Mario Das Neves  se sentaran en un tribunal a dar explicaciones sobre la negociación; para que por lo menos con el recurso económico más importante de la provincia, las cuestiones políticas y judiciales vayan por una vez a la misma velocidad.   

19 de junio de 2014

El regreso de los chicos de Malvinas

HACE 32 AÑOS LA REPORTERA MABEL OUTEDA CUBRIÓ LA LLEGADA DEL CRUCERO INGLÉS CON LOS SOLDADOS ARGENTINOS QUE SOBREVIVIERON A LA GUERRA 
El día que Puerto Madryn se quedó sin pan
Desobedeciendo a las autoridades militares,
los madrynenses reciben a los soldados
El 19 de junio de 1982 quedó grabado en la memoria colectiva de la ciudad, y el recuerdo se cita más o menos igual: “El día que Madryn se quedó sin pan”. Había pasado sólo una semana del final de la guerra de Malvinas, y hacia la noche del día anterior comenzó a circular un rumor: los soldados regresarían al continente y desembarcarían en Puerto Madryn. A partir de ese momento, el pueblo en las calles manifestó una de las desobediencias civiles más sintomáticas del final de la dictadura.
Mabel Outeda trabajaba como fotógrafa del periódico Impacto, un semanario que se editaba en Puerto Madryn, cuando ese día tuvo que cubrir el acontecimiento como reportera. “Desde la puerta de mi casa se veía todo el golfo y estaba esperando hasta que a lo lejos se empieza a ver un punto blanco”, rememora sobre los primeros momentos de esa mañana, cuando el Canberra (crucero inglés que traía el principal contingente de unos 4 mil soldados argentinos) se asomó por el horizonte: “No tenés idea con qué velocidad llegó hasta el puerto”, le comenta al periodista como dándose a entender. Outeda tomó algunas de las fotografías más recordadas de ese día, pero al hablar de ellas modestamente se quita todo tipo de méritos y cualquier tipo de propiedad: “Las fotos no son mías, ya les pertenecen a los veteranos”, asegura.
Mabel Outeda fotografió la llegada de los chicos de la guerra al continente
¿Cómo recordás ese 19 de junio del 82?
En realidad todo comenzó el día anterior: se anunció muy así nomás, de boca en boca, que iban a llegar acá o a Bahía Blanca. Pero cuando amanecimos con la ciudad tomada por el ejército nos dimos cuenta enseguida que iban a traerlos a Madryn. Cuando vi que el barco estaba llegando quise ir hasta el muelle pero los militares no nos dejaron pasar. Cerca del cementerio me encontré con Victoriano Salazar, que estaba a cargo de la intendencia, y me comentó que no podía hacer nada, que la ciudad estaba tomada por el ejército. Sería algo así como las diez de la mañana.
¿Cómo fue la llegada de los soldados?
Ellos mismos nos decían que bajaron del barco con miedo, creían que los iban a castigar por perder las Malvinas. Eso fue porque antes de llegar en el barco recibieron una arenga por parte de los militares argentinos en la que les dijeron que el pueblo los estaba esperando para castigarlos cuando en realidad fue todo lo contrario: el pueblo los esperaba con ansiedad; queríamos verlos, tocarlos, aplaudirlos y hablar con ellos.
¿Fue así desde el primer instante?
No. Al principio los que estaban a cargo del operativo querían evitar que tengamos contacto con los soldados. Es más, los primeros camiones militares que salían del puerto pasaban tapados con lonas y los metían a los chicos en las barracas de Lahusen, donde hoy funciona el bingo municipal. Pero entre las personas de la ciudad había como una desesperación por abrazarlos, por darles de comer. No fue algo preparado sino espontáneo, algo que surgió de las personas que estábamos parados en la vereda, sólo queriendo verlos pasar y confirmar que por fin estaban de vuelta.
Fue así que nació la historia de que Madryn se quedó sin pan.  
Claro; pero además muchos vecinos se llevaron a los chicos a comer a sus casas, les prestaron el teléfono para que se comuniquen con sus familias, o nos daban el número y nosotros llamábamos a las familias. Hoy recuerdo esas caras y te voy a decir lo que parecía: era como un jardín de infantes, pero que estaban totalmente deteriorados; así llegaron esos chicos.
¿Además de tu trabajo como periodista te sumaste a esa ola espontánea de solidaridad?
Es que en un momento bajé la cámara y me olvidé, y todo el pueblo hizo lo mismo. Lo importante eran los soldados: empezamos a pedir los teléfonos para avisar a los familiares. Llamábamos a un montón de ciudades y cuando las familias nos atendían no nos creían, se enojaban y pensaban que les estábamos haciendo una broma de mal gusto. O también los chicos nos decían que su familia no tenía teléfono pero que podíamos llamar a una vecina y cosas así; fue una situación como para una película, empezó a media mañana y eran las diez de la noche y seguíamos llamando a todo el país.
HISTORIA DE LAS FOTOS     
Según Outeda, el propósito de la dictadura era evitar el contacto entre los madrynenses y los soldados, “engordarlos en los cuarteles y después soltarlos”. Pero luego del paso raudo de los primeros camiones militares, absolutamente tapados, con un grupo de fotógrafos y otros madrynenses burlaron los cordones de seguridad impuesto por los militares: “Éramos tres o cuatro fotógrafos de los medios y nos preguntábamos qué podíamos hacer. Entonces les propongo que rompamos el cerco para entrar pero no querían arriesgarse”, asegura la fotógrafa.
¿Empezó todo buscando conseguir una foto del acontecimiento?
Algo así. Yo les dije a mis colegas que me iba a meter así tenían una foto de cuando los militares me dieran un culatazo. Pero además de la foto, uno quería el contacto también, y a partir de ese primer intento la gente encaró y no nos pudieron parar, se desbandó todo. En ese momento comienza a darse el contacto con los chicos que salían por camiones y empezaron a pedirnos pan.
¿Cómo surgió lo de llevarlos a las casas?
En la barraca Lahusen los militares les daban una latita de comida, lo mismo que le daban en las islas y como que le decían “calentate eso y comelo”. Claro que los chicos no querían comer nada de eso, déjate de joder, con lo que ya habían pasado. Así que de a poco los vecinos se los fueron llevando a sus casas.
¿Eras consciente de lo que ese día estabas cubriendo como periodista?
Sí, pero nunca intuí si tenía una buena foto o no. Tomé varios rollos de película y en un momento dije basta, me di cuenta que había que hacer otra cosa.
¿Y qué pasó después de los hechos?
En ese momento me di cuenta que para los que somos de Puerto Madryn todo eso dolió mucho, y la gente prefirió callar. Además había mucho miedo y sabían que las fotos eran unos documentos muy fuertes.
¿Las fotos permanecieron ocultas?
No, yo no oculté nada pero después de que salió en el diario nadie me vino a preguntar qué otras fotos tenía como me era común con otros trabajos. Si sacaba fotos de un partido de fútbol venían y me pedían para que les de una; yo hacía las copias de contacto y elegían. Pero con la llegada de los soldados nadie me pidió nada hasta mucho tiempo después; pienso que esa negación fue por miedo.
¿Ni siquiera las autoridades de la dictadura?
No. Luego les dejé los negativos a los veteranos de guerra porque con el tiempo me insistían todo el tiempo para que se las pase; por eso hoy digo que yo ya no tengo nada que ver con esas imágenes, las fotos son de ellos.
LA GUERRA
El mismo día que se produce la recuperación momentánea de las Malvinas, Mabel Outeda intuyó que se trataba de una aventura militar descabellada: “Ese 2 de abril me enojé con todo el mundo porque me parecía una locura y me negué a cubrir el acto de festejo por la recuperación de las islas”, recuerda la reportera.
¿En Madryn se vivió con mucho fervor patriótico?
La gente de mi entorno estaba entusiasmada y muchas personas incluso juntaban cosas para enviarles a los soldados. Mi postura me llevó a enojarme con mucha gente, con mis parientes y mis amigos y tuve que decidir por un tiempo no hablar más del tema hasta que de algún modo tuvieron que tristemente darme la razón.

Secuencia: en la imagen superior un soldado
arroja una campera; en la siguiente una
vecina se retira con el obsequio.
Aparte desde el 2 de abril hasta el comienzo del enfrentamiento bélico pasó un mes
Claro. Recuerdo que mi familia no sabía qué hacer conmigo; porque si bien todo me parecía una locura me anoté para ir como fotógrafa. Todos me decían que era una locura porque era mujer. Luego los hechos sucedieron muy rápido y no pude ir.
Entre abril y junio también recibieron soldados mientras se desarrollaba la guerra
Es que cuando pasaban micros con soldados en dirección al sur, hacían una parada técnica en la vieja terminal de Madryn. Ya en ese momento muchos de los vecinos comprábamos cajas de galletitas en una tienda mayorista y se las llevábamos. Ya en ese momento me pasaron cosas extraordinarias con los chicos: me preguntaban “¿señora dónde estamos?” o “¿a dónde nos llevan?”. Los escuchabas y se te caían las medias.
¿Pudo saber qué suerte corrieron algunos de ellos?
No, la verdad que no. Pero lo que sí recuerdo es que cuando iban para las guarniciones del sur no tenían ni idea de dónde estaban, y cuando volvieron tampoco tenían idea. Insisto, era como un enorme jardín de infantes, pero con rostros aterrados.